La sociedad de CyL vive un proceso de fragmentación con una clase media en retroceso y 352.000 personas en exclusión

   VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La sociedad de Castilla y León vive un proceso de fragmentación social con una clase media en retroceso, lo que ha provocado un desplazamiento de muchas familias a estratos inferiores, hasta llegar alcanzar la cifra de 352.000 personas en exclusión, según desvela el informe de la Fundación FOESSA para Cáritas.

   En concreto, el informe, presentado este lunes por el presidente de Cáritas, Guenther E.Boelhoff, el presidente del Ces de Castilla y León, Enrique Cabero, y el sociólogo del equipo de estudios de la Fundación FOESSA, Pedro Fuentes, desvela que la mejora económica registrada en los últimos años no ha sido suficiente para revertir los efectos de la pandemia en los niveles de integración social en Castilla y León.

   "De las crisis no se sale más fuerte, no es cierto, las crisis erosionan y dejan cicatrices", ha defendido Boelhoff, quien ha cuestionado que la "bonanza económica" refleje la realidad social que, según el informe, actualmente se vive una sensación de "pérdida de derechos, precariedad laboral, no acceso a la vivienda y malas salud física y emocional".

   El presidente de Cáritas ha considerado que si las políticas que se llevan ahora a cabo se mantienen no se puede esperar una mejora social, por lo que ha reclamado "formas personalizadas de acompañamiento".

   No obstante, el presidente del Ces ha reclamado una estrategia específica para atajar la pobreza y la exclusión social. "Es un problema muy grave y hay que ser firme en esta estrategia que se debe situar como máxima prioridad en las política pública", ha defendido.

   Según los datos detallados por Pedro Fuentes, la integración plena ha descendido hasta el 55,2 por ciento de la población, frente al 59,8 por ciento registrado en 2018, mientras que la integración precaria aumenta al 29,9 por ciento y la exclusión social alcanza el 14,8 por ciento. Pese a estos datos, la Comunidad mantiene una posición más favorable que la media nacional, con un 85,1 por ciento de población integrada frente al 80,7 por ciento de España y una menor incidencia de la exclusión social (14,8 frente al 19,3 por ciento).

   El sociólogo del equipo de estudios de la Fundación FOESSA ha detallado que los problemas "clave" de la exclusión social son la vivienda y el empleo, al tiempo que ha insistido en que el informe revela un modelo social "agotado" en el que avanza la "desigualdad, la precariedad y la fractura social".

   El informe destaca que la exclusión residencial se mantiene como la principal dimensión afectada en Castilla y León. Uno de cada cinco hogares (20,1 por ciento) y el 18,5 por ciento de la población sufre algún tipo de problema vinculado a la vivienda, ya sea por sobrecoste, precariedad o condiciones inadecuadas de habitabilidad. El precio medio de la vivienda ha subido un 31,5 por ciento desde 2018, lo que ha incrementado diez puntos el porcentaje de población con gastos excesivos de vivienda, hasta el 18,4 por ciento.

   La juventud es otro de los colectivos más golpeados. La tasa de exclusión entre los menores de 30 años alcanza el 24,6 por ciento, muy por encima de la media general. Así, los principales factores que explican esta situación son las dificultades de acceso al mercado laboral, la baja estabilidad en el empleo, los salarios insuficientes y la falta de vivienda asequible.

   La exclusión en la infancia alcanza el 24 por ciento, un dato que contrasta con la que padecen los mayores de 65 años que se sitúa en torno al 3 por ciento, muy por debajo de la media nacional que es del 10 por ciento.

   La exclusión sanitaria también presenta un deterioro notable. Más de 260.000 personas en Castilla y León han tenido que renunciar a la compra de medicamentos, prótesis o al seguimiento de tratamientos médicos y dietas por motivos económicos. En total, el 11,2 por ciento de la población afronta dificultades económicas que afectan directamente a su salud, tres puntos y medio más que en 2018.

   Finalmente, el informe advierte de que estas carencias no sólo limitan el bienestar físico, sino que agravan la vulnerabilidad social y la capacidad de mantener tratamientos esenciales o gestionar enfermedades crónicas.