Suárez-Quiñones critica la "prepotencia" del Ministerio y confirma que la Junta estudia recurrir el Plan de Vivienda

   VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha hecho un análisis "muy crítico" de la Conferencia Sectorial de Vivienda en la que se ha abordado el nuevo Plan Estatal de la materia, al tiempo que la Junta ha confirmado que estudia la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el real-decreto que aprobó el Plan.

   En declaraciones remitidas a los medios de comunicación tras la reunión, Suárez-Quiñones ha coincidido en la "valoración muy crítica" de la "inmensa mayoría de las comunidades autónomas" sobre cómo se gestionó el Plan de Vivienda, "su confección, su contenido, la insuficiencia de los medios económicos que pone el Estado encima de la mesa" y, "en cambio la exigencia muy superior" para las comunidades autónomas.

   En conclusión, considera que se han "puesto de manifiesto los vicios" que recuercda que comunidades autónomas como Castilla y León ya advirtieron.

   Eso sí, ha señalado que todas las comunidades han aprobado y han admitido los criterios de reparto "porque el dinero que tenga que llegar, pues bienvenido sea".

   Pero el consejero ha reiterado el malestar de Castilla y León y de la mayoría de comunidades autónomas ante la ausencia de una participación real en la elaboración del Plan. "Las cosas no pueden ser así, no se puede actuar con prepotencia, no se puede actuar ninguneando a las comunidades autónomas, cuando son las competentes en la materia y las que tienen que ejecutar el plan estatal de vivienda".

   En este sentido, ha insistido en que las autonomías hayan recibido únicamente un trámite de audiencia "como cualquier otro colectivo interesado" y no les han "enseñado el texto final antes de que se publicase en el BOE", una situación que la Junta considera "totalmente rechazable".

   "Eso no es un trato institucional adecuado con las conunidades autónomas, a las que considera como enemigas cuando somos colaboradores en la política de vivienda, vamos a poner dinero y vamos a gestionar", ha aseverado.

   En relación al contenido del Plan, Suárez-Quiñones ha mostrado el rechazo de la Junta a la imposición de medidas de carácter intervencionista, como condicionar fondos estatales a la aplicación obligatoria de limitaciones de mercado en las denominadas zonas tensionadas. La Junta considera que este tipo de medidas "no han funcionado en Europa" y tampoco están dando resultados en comunidades autónomas donde ya se están aplicando, como Cataluña, al haberse producido una mayor contracción de la oferta de alquiler, lo que supone conseguir lo contrario a lo que se persigue.

   La Junta defiende una política de vivienda basada en la colaboración, los incentivos, la seguridad jurídica, las ventajas fiscales y el impulso de programas propios adaptados a las necesidades de Castilla y León.

REPARTO DE FONDOS

   En el caso de Castilla y León, el Estado aportará 228 millones de euros durante los próximos cinco años, mientras que la Junta deberá financiar, y aportará, otros 152 millones de euros, que supone multiplicar por seis lo que venía aportando.

   El consejero ha subrayado que el Ministerio "aporta el doble y no el triple, como había anunciado", al tiempo que ha recordado que la política de vivienda de la Junta es mucho más que la cofinanciación del Plan Estatal de Vivienda, pues destinará a políticas de vivienda más de 300 millones de euros con fondos propios e incentivos fiscales a lo largo de la legislatura, multiplicando ampliamente el esfuerzo económico exigido a la Comunidad.

   Pese a las discrepancias mantenidas con el modelo planteado por el Gobierno, Castilla y León ha votado a favor de los criterios de reparto porque, tal y como ha señalado Suárez-Quiñones, "lo importante es dar soluciones de vivienda a los castellanos y leoneses, y cualquier ayuda del Ministerio, aunque sea insuficiente, es bienvenida". Por ello, la Junta ha reiterado que aprovechará al máximo todos aquellos instrumentos útiles contemplados en el Plan Estatal, complementándolos con sus propias políticas y líneas de apoyo para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad. No obstante, ha anunciado el estudio de los aspectos perjudiciales para Castilla y León a efectos de un posible recurso contencioso-administrativo.

   Finalmente, sobre la sentencia hoy conocida del Tribunal Supremo anulando el registro de pisos turísticos puesto en marcha por el Ministerio, Suárez-Quiñones considera que es una prueba más de la unilateralidad y falta de trabajo conjunto del Gobierno con las comunidades autónomas y de la invasión de competencias de las comunidades, que ha llevado, en este caso ,a la anulación de dicha norma por el Supremo al corresponder su regulación a las comunidades.