VALLADOLID 16 May. (EUROPA PRESS) -
La toma en consideración de la proposición de ley (PL) de PP y Vox para modificar la Ley de Sanidad Animal y la modificación, a propuesta del Grupo Mixto, de la Ley de Altos Cargos y de la Comisión de Ética Pública de la Comunidad para asegurar la neutralidad de los controladores centrarán la actividad legislativa de la próxima sesión del pleno de las Cortes.
En concreto, el próximo miércoles, 22 de mayo, se comenzará a tramitar la proposición de ley de PP y Vox sobre Sanidad Animal que, tras su toma en consideración ese mismo día, seguirá por el trámite de urgencia con solicitud de que sea por lectura única para que pueda ser aprobada en el siguiente pleno, según ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz.
Hay que recordar que la modificación de la Ley de Sanidad Animal fue una de las tres enmiendas inadmitidas a trámite por la Mesa de las Cortes en las enmiendas de los grupos parlamentarios PP y Vox al proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2024.
Tanto De la Hoz como su homólogo en el Grupo Vox, Carlos Menéndez, han destacado la importancia de esta PL para modificar la Ley 6/1994 de 19 de mayo de Sanidad Animal con el objetivo de garantizar la aplicación de la legislación, optimizar los controles sanitarios y contemplar la exigencia europea que obliga a que los controles oficiales han de ser efectuados por personal que "sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses".
Además, Carlos Menéndez ha circunscrito esta PL en el trabajo y el "firme compromiso" que de su partido "por la defensa del mundo rural y por la lucha contra la despoblación".
El otro texto legislativo a debate en el pleno será defendido por el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea que propondrá un cambio normativo para que la Comisión de Ética Pública, que es un órgano controlador, "sea independiente, mucho más independiente", ha apostillado.
Igea ha hecho hincapié en la necesidad de evitar los "bochornos" que, según ha lamentado, se han vivido a lo largo de la Legislatura, entre los que ha citado "justificar que altos cargos se permitan insultar a la prensa e insultar al fiscal del TSJ" sin haber sido "reconvenidos" por la Comisión de Ética Pública a la que ve "completamente dependiente de los partidos en el Gobierno".
En este sentido, ha abogado por enfrentar al PP "a sus propias contradicciones" para que se pronuncie sobre si en Castilla y León también es importante la independencia de los controladores o "sólo lo cree cuando Feijóo habla en Madrid". También busca que el PP se pronuncie sobre si los controladores tienen que ser renovados o no en Castilla y León y sobre si tienen que ser independientes y obtener mayorías cualificadas.
Y según ha explicado el portavoz del Grupo Popular, la Mesa de las Cortes ha acordado que los tiempos en la tramitación de las dos proposiciones de ley sean "los mismos que están siendo en todos los debates de proposición de ley", por lo que se reducirán una tercera parte, los 15 a 10 minutos para la presentación, de 10 a 7 y de 5 a 3 en la réplica y dúplica, en cada caso.
"Así se ha venido haciendo y acordando por parte de todos los grupos parlamentarios en el pasado", ha defendido De la Hoz ante las críticas de la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, que ha lamentado que se vaya a "coartar" la palabra a los partidos en la oposición por parte de PP y Vox, a los que ha acusado de rehuir los debates, como hacen, se ha reafirmado, con los informes que deberían acompañar a las leyes si se tramitasen como proyectos y no como proposiciones.
Por otro lado, Igea ha aprovechado la ocasión para expresar su deseo de que la Comisión de Sanidad que también se reúne hoy ratifique la designación de los miembros de la Ponencia encargada de informar la Proposición de Ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida para que se pueda elevar a pleno.
"Habría que explicarle a los ciudadanos si la soberbia, la vanidad del Partido Popular es más importante que los derechos de los ciudadanos de Castilla y León al final de sus días", ha advertido Francisco Igea ante la posibilidad de que su iniciativa no prospere finalmente.