El psiquiatra José Cabrera sobre Justo M.: "Es un diógenes fotográfico, alguien con un grave trastorno personal"

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El mediático psiquiatra José Cabrera Forneiro ha presentado al extrabajador del grupo funerario El Salvador Justo M.G, quien a lo largo de dos décadas elaboró un dosier sobre el supuesto 'cambiazo' de ataúdes realizado en dicha empresa, como un "diógenes fotográfico, alguien con un grave trastorno de la personalidad", al tiempo que no ha descartado que durante ese periodo actuara en solitario, sin ayuda externa.

El informe expuesto este martes en la Audiencia de Valladolid, a propuesta de las defensas de los encausados, pretendía de esta forma desacreditar al referido trabajador ya fallecido y cuyas libretas, dietarios y material fotográfico atesorado a lo largo de dos décadas sobre ese supuesto 'reciclaje' de ataúdes y motivos florales constituye la principal prueba de cargo en la que se basan la acusación pública y las dos particulares.

El experto en Medicina Legal y Forense y especialista en Psiquiatría, con más de cuarenta años de trayectoria profesional y, tal y como él mismo ha destacado, perito en más de 7.000 juicios, se ha mostrado categórico al asegurar que Justo M.G, al que no llegó a explorar personalmente, presenta evidentes rasgos de sufrir un "grave trastorno de la personalidad".

"Es el caso más peculiar, original y único que he visto a lo largo de mi trayectoria. Que una persona haya reunido todo ese material en veinte años denota precisamente ese trastorno grave de la personalidad que presentaba", dictamen que el experto ve compatible también con el hecho de que el citado extrabajador se hubiera quitado la vida, algo de lo que el perito asegura que se ha enterado hace tres semanas. "Las personas con trastorno de la personalidad son las que presentan mayor número de suicidios", ha añadido.

El psiquiatra televisivo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha manifestado que esa compilación de datos por parte de Justo, "de forma meticulosa, no espontánea, a modo de diario", fue utilizada luego de forma "codiciosa" para tratar de extorsionar al dueño del grupo funerario para que elevara sus bases de cotización en el momento de la jubilación.

De hecho, el perito ha incidido en que entre 2012 y 2013 se observa una mayor actividad en la recogida de fotos y anotaciones, coincidiendo con la negativa del empresario a contratar a su hijo. "Denota su enojo, supone echar más leña al fuego, es como decir: ¡te vas a enterar!", ha manifestado José Cabrera.

ACTUACIÓN "EN SOLEDAD"

Pero también ha sido trascendente el informe del psiquiatra en cuanto a que considera perfectamente plausible que Justo M.G. actuara durante todo ese periodo en solitario, sin ayuda externa de otros trabajadores de la empresa.

"Hoy en día en los tanatorios existen muchos medios técnicos, incluidas poleas, que permiten manipular cadáveres a una sola persona. Es lo que denominamos la soledad en la actuación", ha espetado José Cabrera, para quien el referido trabajador corrió incluso un grave riesgo con su actividad ante el peligro que supone operar cerca de un horno crematorio y aperturarlo en plena actividad.

El dictamen del experto también se ha centrado en si los familiares de los fallecidos tienen o no derecho a una indemnización, algo que el Fiscal del caso ha fijado en unos 3.000 euros para cada uno de los perjudicados y que José Cabrera, al igual de lo que apuntó en la jornada anterior el forense y criminólogo Aitor Curiel, considera desproporcionado.

Y es que el declarante, en consonancia con el otro forense, entiende que para conceder una posible indemnización es necesario acreditar mediante informes médicos que los familiares sufrieron algún tipo de dolencia psíquica o moral, algo que las acusaciones no han presentado en este procedimiento.

A VUELTAS CON LOS CONSUMOS DE LOS HORNOS

Abría la jornada el perito Pascual M.I, a propuesta también de las defensas, para exponer un contrainforme que pone en tela de juicio uno anterior de la Policía Nacional sobre consumos en los hornos de las instalaciones de la empresa, tanto en el nuevo tanatorio abierto en 2013 en la capital, como en el cementerio ubicado en Santovenia de Pisuerga, en el que la Policía Judicial sostiene que los acusados siguieron practicando la mayoría de las incineraciones en el segundo escenario ya que contaban allí con mayores facilidades para dar el 'cambiazo' a los ataúdes.

A este respecto, el perito sostiene que el informe policial llega a conclusiones "aventuradas" o inexactas debido a que se basa exclusivamente en consumos de gas recogidos en facturas, tanto natural en el nuevo tanatorio como de propano en el cementerio, sin cotejar dicho dato con el consumo de energía eléctrica y, además, no incorpora otras variables que entiende muy importantes entre las que ha citado las paradas técnicas de los hornos para su mantenimiento, junto con la, a su juicio, errática mezcla de medidas sobre metros cúbicos y kilos.

Todas estas circunstancias llevan al experto a desvirtuar el informe policial y a insistir en que no cotejar los consumos de gas con el de energía eléctrica es un error importante, máxime si la policía mantiene su tesis de que los acusados simulaban el inicio de la incineración y luego extraían las cajas, en perfecto estado, para ser revendidas para nuevos sepelios.

"De ser cierto, se detectaría un mayor consumo de energía eléctrica que de gas con motivo de la activación únicamente de los ventiladores de los hornos", ha insistido Pascual M.I, quien también ha censurado la actuación de los peritos policiales por incorporar a su pericial comentarios u opiniones de trabajadores del grupo investigado, entre ellos del citado Justo Martín, "que no tienen nada que ver con el objeto de la pericia" y que en lugar de ayudar pueden inducir a error.

También propuestos por las defensas, otros dos peritos, de manera coincidente con otro profesional que evacuó su informe en la jornada anterior, han emitido una pericial en la que descartan el delito de blanqueo de capitales que también se imputa a los encausados a partir de una investigación de la Unidad de Vigilancia Aduanera que, "basada en una metodología errónea", considera acreditado un descuadre entre la adquisición y venta de ataúdes por parte del grupo El Salvador.