Juicio en Valladolid a un trabajador de telemarketing por usar los datos de personas mayores para estafarlas

VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid juzga este miércoles a un varón, con iniciales E.F.F, acusado de estafar a una decena de personas cantidades que en su conjunto se elevan a 18.900 euros tras aprovechar su condición de empleado en una empresa de telemarketing para hacerse con los datos personales de las víctimas que luego utilizaba para realizar duplicados de las tarjetas SIM de sus móviles con el fin de, una vez que accedía a la banca online, efectuar reintegros fraudulentos en cajeros de distintas entidades bancarias o realizar compras en establecimientos.

El presunto responsable de estos hechos, al que se imputan un delito continuado de estafa y otro continuado de descubrimiento y revelación de secretos, se enfrenta a una posible condena global de seis años de prisión, a razón de tres años por cada uno de los delitos, junto con la obligación de indemnizar a los perjudicados con las cantidades presuntamente obtenidas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El encausado entró a trabajar en febrero de 2020 en una empresa de telemarketig, encargada de formalizar contratos para una operadora de telefonía, lo que le daba acceso a las bases de datos con información personal de clientes a través de la plataforma Smart de dicha mercantil.

Inicialmente, su trabajo lo realizaba en la trastienda de un establecimiento en la calle Mantería y más tarde en una oficina situada en la calle Don Sancho, hasta la finalización de su contrato en marzo de 2021.

Pues bien, en ese periodo, siempre según la tesis de la acusación pública, el acusado accedía a la plataforma en la que figuraban los datos de los clientes para, tras seleccionar posibles víctimas, fundamentalmente personas de edad avanzada y con cuenta asociada al Banco Santander, servirse de dicha información personal para, a través de un prolijo proceso, lograr la duplicación de las tarjetas SIM de las víctimas.

A partir de ahí, E.F.F. habría realizado, en beneficio propio, cargos fraudulentos en nombre de los perjudicados en distintos cajeros--en el caso de una de las víctimas se contabiliza una treintena de operaciones--, a la vez que efectuó numerosas compras en comercios de la provincia.

El acusado no pudo continuar realizando los hechos al ser trasladado de puesto de trabajo, perdiendo la posibilidad de acceso a la base de datos.

Fue el 15 de junio de 2021 cuando la policía efectuó un registro en el domicilio del acusado, en la calle Costada Dorada de la capital, que compartía con sus padres y una hermana y donde los agentes se incautaron de varias prendas que portaba cuando realizaba los reintegros en los cajeros automáticos, dos de los teléfonos móviles para realizar los duplicados de tarjetas SIM de las víctimas, junto con imágenes correspondientes a la documentación de terceras personas y cuentas bancarias.