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VALLADOLID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha constatado que, desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que se desencadenó el conflicto bélico en Oriente Medio, el precio del gasóleo agrícola ha reaccionado "con una subida fulminante del 30 por ciento, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España" por lo que reclama "medidas urgentes para frenar la escalada" como la fiscalidad mínima para este hidrocarburo y la devolución "acelerada" del IEH.
UCCL ha demunciado, a través de un comunicado, que se está reproduciendo un patrón que el sector "conoce demasiado bien". "Ante cualquier tensión internacional, los precios suben con rapidez; cuando la situación se estabiliza, las bajadas son lentas y parciales y el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional que paga el campo", señalan desde la organización.
La organización recuerda que, durante 2025, el precio del gasóleo agrícola osciló entre un mínimo de aproximadamente 1,080 euros por litro (media nacional) a mediados de junio, hasta un máximo de 1,18 euros por litro de finales de febrero. "Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 o pagarlo a 1,18 sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos. Habrá que ver en cuánto se pone ahora", ha señalado UCCL, para recordar que en los meses siguientes al inicio de la guerra en Ucrania llegó a alcanzar "los 1,7 euro/litro".
En este contexto, ha recordado que el precio total del gasóleo en un año, aproximadamente un 25 por ciento son impuestos, fundamentalmente en concepto de Impuesto Especial de Hidrocarburos e IVA. Si bien es cierto que se aplica una devolución del IEH para el gasóleo agrícola, denuncia que se devuelve "muy tarde y solo aproximadamente la mitad del gasóleo agrícola consumido se beneficia de la misma por la complejidad del sistema".
UCCL teme que este encarecimiento del combustible, en general, no sólo el agrícola, se traslade a otros insumos como los fertilizantes o la energía eléctrica, "con un incremento notable de los costes de producción". En este contexto, más que nunca, se debe velar por un "correcto funcionamiento de la ley de cadena alimentaria que debería garantizar que los precios a percibir por agricultores y ganaderos compensasen esas subidas".
La organización reclama del Gobierno, de la UE y de las Comunidades Autónomas que no esperen a tomar medidas "cuando haya una crisis del sector desatada en toda su virulencia". "Estamos en un sector estratégico que exige actuaciones preventivas urgentes", ha subrayado.
De ahí, que reclamen la imposición fiscal "más baja posible" para el gasóleo, una devolución "acelerada" del IEH y su posterior sustitución "por un mecanismo de descuento en poste, un seguimiento riguroso de inventarios y márgenes en la cadena de suministro y, si se aprecia un riesgo real de interrupción del suministro de combustible, la utilización de las herramientas previstas para garantizar la estabilidad del mercado, incluida la liberación de reservas estratégicas".
Asimismo, ha reclamado la elaboración de un inventario energético sectorial que permita identificar "consumos susceptibles de transición hacia fuentes renovables con apoyo público suficiente y sin nuevas cargas administrativas".
"Si no se actúa con rapidez, las consecuencias no serán solo para los agricultores, sino para toda la cadena alimentaria y esto lo vamos a pagar el eslabón más débil por abajo, que somos nosotros; pero también los colectivos más vulnerables por la parte del consumo", han zanjado.