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VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha valorado que el Gobierno haya recogido, aunque de forma parcial, las demandas de la organización agraria sobre el gasóleo y los fertilizantes en el Real Decreto Ley 18/2026, de 29 de junio, aprobado en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
La organización, que canalizó sus propuestas a través de Unión de Uniones mediante un informe presentado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en mayo, ha apoyado que se incorpore la lógica de cubrir el 70 % del sobrecoste, pero ha lamentado que la ampliación del período subvencionable se quede en tres meses, hasta el 30 de septiembre, en lugar de los seis meses solicitados.
Por lo que respecta al gasóleo, el importe de la ayuda para el período del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026 se calculará sobre un máximo del 70 % de la diferencia entre el precio medio semanal del carburante agrícola y su coste antes del conflicto, con un límite máximo de 0,20 euros por litro.
La organización agraria ha considerado que establecer dicho tope supone arriesgarse ante las fluctuaciones de precio que todavía se esperan en el mercado. Asimismo, ha criticado la dotación presupuestaria del Ejecutivo, que ha fijado en 55 millones de euros frente a la estimación de 290 millones de euros calculada por Unión de Uniones para cubrir la medida hasta final de año.
Por otra parte, la organización ha advertido de que determinados consumos productivos fundamentales, como los de las explotaciones apícolas, han vuelto a quedarse fuera de este paquete de ayudas estatales. A este respecto, UCCL ha exigido que se deje de discriminar a la apicultura, un sector que no entra en ninguno de los supuestos de actividad contemplados en la normativa.
Por ello, la entidad ha reclamado al Ministerio la puesta en marcha de bonificaciones específicas para el transporte de colmenas, así como la implementación de otras medidas de apoyo destinadas a proteger a este colectivo de productores.
En relación con los fertilizantes, la subida de los módulos y los 165 millones de euros adicionales han dejado la cuantía de la ayuda total en 665 millones de euros, una cifra que se sitúa cerca de la referencia de 683,6 millones de euros que Unión de Uniones estimaba para aproximarse al 70 % del sobrecoste permitido por la Comisión Europea.
Sin embargo, la OPA ha lamentado que la medida carezca de criterios de profesionalidad, lo que provoca una distribución poco selectiva de los fondos entre los beneficiarios del sector, y ha censurado la imposición de requisitos excesivamente burocráticos, como la obligación de conservar las facturas hasta diez años.
Finalmente, UCCL ha avanzado que se mantendrá vigilante ante la evolución futura de los precios y ha expresado su deseo de que el Ministerio prorrogue nuevamente los apoyos públicos si la situación lo requiere. Con el objetivo de mejorar los criterios de reparto, ampliar los plazos de vigencia y ajustar las referencias económicas de la norma, la organización ha anunciado que pedirá formalmente la tramitación de este Real Decreto Ley como proyecto de ley en el Parlamento, lo que permitirá presentar las correspondientes enmiendas a los distintos grupos políticos.