UGT acude a los tribunales y al Serla para reclamar a la Junta la reclasificación profesional de 5.000 empleados

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT presentará una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y un conflicto colectivo en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) para reclamar a la Administración autonómica la reclasificación profesional de 5.000 de los 15.000 empleados públicos.

Así lo han señalado en rueda de prensa representantes de la organización sindical, que han explicado que se trata de adecuar las categorías profesionales de los trabajadores a los títulos con los que cuentan en una adaptación que se acordó después de los acuerdos de Bolonia.

El secretario general de UGT Servicios Públicos, Tomás Pérez Urueña, ha explicado que es un tema que se acordó entre los sindicatos y todas las administraciones y consistía en reclasificar a los trabajadores de forma acorde a sus titulaciones, algo que no se ha hecho efectivo.

A pesar de las reclamaciones a la Junta para dar cumplimiento a este acuerdo no se ha hecho, lo que supone un perjuicio para los trabajadores, que tienen una categoría y responsabilidad inferior a la que deberían, con la consiguiente pérdida económica, que oscila entre los 2.000 y 3.300 euros al año de salario, además de 600 en trienios.

Así, por un lado, UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha interpuesto una demanda judicial contra la Consejería de Sanidad por negarse a aplicar la reclasificación profesional establecida en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), plenamente vigente tras el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (BOE 17/11/2022).

Según esta reclasificación, los técnicos superiores sanitarios deben estar en el Grupo B y los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) deben pasar del C2 al C1, reconociendo su titulación real y sus funciones, ha explicado la responsable de Sanidad del sindicato, Rosa López, quien ha añadido que "no es un privilegio ni una subida salarial injustificada, sino que es una cuestión de justicia, de coherencia y de adecuación a la normativa vigente", que reconoce distintos niveles de titulación y de responsabilidad y que "debería" tener un reflejo en la clasificación del personal estatutario.

VÍA LEGAL PARA TODOS

La demanda se ha orientado inicialmente con la categoría de técnicos superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, ya que cumple unos criterios más definidos y abriría una vía legal factible para reclamar el resto de categorías.

A la demanda se han adherido los otros sindicatos con representación en la mesa de negociación y los responsables sindicales han pedido que lo hagan otros, pero al mismo tiempo han advertido de que hay plataformas o asociaciones que no tienen legitimidad para negociar esta cuestión con la Junta.

Asimismo, UGT insta a la administración autonómica a cumplir el Acuerdo Marco y las sentencias que reconocen la correspondencia entre titulación y grupo y a homologar Castilla y León con otras comunidades autónomas.

Por otro lado, y por el mismo motivo de la reclasificación profesional, UGT Servicios Públicos Castilla y León va a presentar esta misma semana un conflicto colectivo ante el Serla, lo que supone el primer paso para la formular demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, por el incumplimiento del convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad, que se suscribió en 2023, está prorrogado desde finales de 2025 y contempla esta reclasificación, que tendría que haberse hecho antes de fin de 2024 y actualmente no está contemplada ni planificada.

El vicesecretario de UGT Servicios Públicos y responsable de Sector Autonómico y Diálogo Social, Carlos Arenas, ha explicado que la medida tendría un coste de entre 10 y 15 millones de euros, "una minucia" en comparación con otros gastos "suntuosos".

Arenas ha criticado que la Consejería de la Presidencia no sólo se niegue, sino que ni siquiera se reúne para abordar esta cuestión, ante la que siempre da "la callada por respuesta".

En este contexto, Tomás Pérez Urueña ha asegurado que la Junta está "estafando" a sus propios trabajadores, a los que exige una titulación que no les paga.

TRANSPORTE SANITARIO

Además de a todos los titulados que dependen de la Administración, el sindicato hace extensiva la petición a los técnicos de transporte sanitario, aunque actualmente no dependan de la propia Junta por ser un servicio que está adjudicado a empresas privadas.

Sin embargo, la responsable del sector en UGT, Marta Vián, ha reclamado que se haga "de forma estatutaria" con este personal y, aunque no tenga efectos prácticos para los trabajadores de la empresa privada, sea un primer paso para que se cree la figura del técnico de transporte sanitario.

Vián considera que, una vez creada la figura, se puede empezar a hacer una plantilla orgánica, algo que podría ser el inicio de la "internalización" de este servicio, por lo que aboga el sindicato, que considera que supondría una mayor calidad en la prestación del mismo.