UGT exige a la Junta cambiar el modelo de comedores escolares para acabar con la precariedad y primar empresas locales

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León exige a la Junta de Castilla y León "revertir" el modelo de comedores escolares para acabar con la "precariedad estructural" de los trabajadores y apostar por la adjudicación a empresas locales frente a las grandes empresas, de manera que mejore la "calidad" de este servicio que es "un espacio educativo y de salud" para los niños de la Comunidad.

El secretario general de Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla y León, Héctor Yágüez, y la responsable de la actividad de Restauración Social de la organización, Mónica de la Cámara, han presentado este martes, 6 de octubre, un informe sobre la situación de este servicio y las medidas que proponen para mejorarlo.

El sindicato pretende "poner luz" sobre la precariedad que sufren cerca de 3.000 trabajadoras que forman parte de este sector en la Comunidad, el 95 por ciento de ellas mujeres, que atienden a unos 40.000 usuarios diarios, mientras la media de días de uso del comedor al año es de 178 días, por lo que se trata de un "colectivo esencial y eminentemente educativo", ha defendido Yágüez.

"El comedor escolar no es un simple negocio de reparto de bandejas de comida, es un espacio educativo que garantiza la conciliación, la igualdad de oportunidades y la salud de los niños", ha aseverado, para advertir de que la Junta actualmente "ampara un modelo de externalización" de los comedores en el que las "grandes empresas", que "copan" los centros, "compiten a la baja sacrificando las condiciones laborales".

"Es un oligopolio que se lucra a la sombra de los centros públicos", ha lamentado el representante de UGT, que en el informe detalla que tres empresas, Serunion S.A., Igmo Ausolan y Aramark son las principales en los comedores de centros públicos de la Comunidad por concesión iniciada en 2022 y que dura hasta 2027, con los dos últimos años de contrato prorrogado.

En este contexto, UGT lanza un "aviso claro y directo" a la Consejería de Educación para que implemente "mecanismos de control" a las empresas adjudicatarias, informe a la ciudadanía de la realidad del sector y realice una "revisión valiente" de este modelo con mejoras en los futuros pliegos.

De este modo, el informe aborda la situación en cuatro ejes, entre los que analiza los efectos de la Ley de Desindexación, que permite que las administraciones mantengan los precios congelados durante toda la duración de los concursos --en CyL los estipulados en 2022 pese a las subidas del precio de los alimentos y del IPC a 2026--, por lo que las empresas utilizan este marco normativo como justificación para no poder asumir aumentos salarias para los empleados.

En este sentido, avisa de que el convenio colectivo del sector lleva paralizado desde 2016, y en la actualidad monitores nuevos entran cobrando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en algunas de las provincias todos los puestos cobran lo mismo. "Esto quiere decir que el más bajo de la tabla y el jefe de cocina cobran el SMI", ha detallado, por su parte, De la Cámara.

Otro eje del informe incide en la clasificación profesional de los trabajadores, en concreto la de responsable del comedor, que si bien es una figura reconocida dentro de los pliegos de concesión, con la exigencia de que tengan que coordinar equipos, atender familias y gestionar incidencias, "no tiene ningún reconocimiento" profesional ni compensación económica.

Asimismo, el documento señala que las condiciones actuales fijan jornadas de 2,5 horas diarias para los trabajadores en un comedor de 35 comensales, pero también para los que tienen 300, lo que el sindicato considera "absurdo", tal y como ha indicado Yágüez, quien ha incidido en que las 2,5 horas de jornada diarias no son factibles para el responsable del comedor al ser tiempo insuficiente para absorber las tareas administrativas y de supervisión de cientos de alumnos.

LÍNEA FRÍA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

El "fracaso" que supone la línea de comida fría es otro eje, pues esta opción es la recurrente actualmente en los comedores tras su implantación masiva en 2009. La comida se prepara en cocinas centrales "a cientos de kilómetros" de los centros, mientras las cocinas 'in situ' "se están destruyendo", lo que deriva en "pulverizar puestos de trabajo", especialmente en el ámbito rural. En la actualidad, en la Comunidad los menús de cáterin se utilizan en 299 centros educativos frente a 177 que tienen cocina 'in situ', según datos del sindicato.

Ante ello, UGT aboga por reducir el tamaño de los lotes de adjudicación, lo que permitiría que las pequeñas y medianas empresas, también locales, puedan participar en los pliegos y se utilicen "productos de proximidad" para elaborar los menús .

Por otro lado, el informe advierte de "importantes alarmas" en el ámbito de la salud laboral de los trabajadores, especialmente por la situación de las ratios, actualmente un monitor puede atender hasta 25 niños en Infantil y hasta 40 en Primaria.

Estas ratios impiden que se pueda prestar la atención debida a alumnos con necesidades educativas especiales y afectan a la salud de los monitores, que se enfrentan a riesgos psicosociales, trastornos músculos-esqueléticos y exposición al ruido, de hasta 140 decibelios, ha detallado De la Cámara.

La responsable de la actividad de Restauración Social de la FeSMC-UGT ha apuntado, además, a la necesidad de que se actualicen las normas de los contratos de gestión ya que permanecen las de 2008.

En este contexto, ha censurado que hace cuatro años la Junta incluyó la educación de 0-3 años en el servicio de comedores escolares sin establecer una regulación que determine la ratio, qué tipo de comida comen o la forma en la que los monitores deben distribuir sus labores en esta atención.

"Ellos dicen que existe la normativa, pero a día de hoy, aun con un informe del Comisionado de Transparencia que les dice que nos tiene que entregar esa documentación, la realidad es que no nos lo han entregado porque no existe", ha agregado.

Ante la situación, UGT exige a la Administración que realice el cambio de modelo de los comedores escolares, "que no puede seguir sosteniéndose sobre la precariedad de las trabajadoras" y deben ser "seguros" también para los niños.