Visto para sentencia el juicio por la 'trama eólica' con una última petición absolutoria de Rafael Delgado

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio por la denominada 'trama eólica', celebrado a lo largo de cuatro meses, tras el trámite por el que se ha concedido a los once encausados el derecho a unas últimas palabras que tan solo ha sido ejercido por el principal encausado, el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, y su amigo y supuesto testaferro, el a su vez abogado Jesús Rodríguez Recio, que han demandado del tribunal una sentencia absolutoria.

Mientras que el resto de los ocupantes del banquillo ha preferido guardar silencio o, simplemente, dar las gracias al tribunal por el trato dispensado, Delgado, primero en tomar la palabra, ha sido el más extenso de los dos que han ejercido tal derecho para tratar de aclarar que no todos los parques eólicos fueron autorizados en la época investigada una vez impuesta la supuesta exigencia de contar con socio local, pues muchos fueron validados por el declarante en la fase de autorización previa sin que contarán como ese 'partner' local, como así atestiguaría una larga lista de publicaciones en el BocyL que ha comenzado a enumerar antes de que el magistrado presidente del tribunal tuviera que cortarle.

También ha precisado que había más de 1.000 megavatios que estaban siendo promocionados por socios locales cuando él accedió al cargo de viceconsejero de Economía y que las transmisiones patrimoniales de acciones investigadas fueron autorizadas por el entonces director de Energía y Minas Ricardo González Mantero con posterioridad a que él dejara su cargo en el departamento económico de la Junta, así como que en su desempeño profesional privado al margen de la Administración autonómica, desde junio de 2007, trabajó y se domicilió en Madrid donde radicó también sus dos sociedades inspeccionadas por la Agencia Tributaria.

"Tan sólo agradecer el trato recibido y espero una sentencia absolutoria", ha concluido Delgado, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de que al estrado subiera, también para pronunciar unas últimas palabras, su supuesto testaterro, Jesús Rodríguez Recio, quien ha reconocido que en este proceso judicial ha sufrido una cierta "esquizofrenia" al compaginar el papel de acusado y ejercer su propia defensa.

UN "MARRÓN" CONVERTIDO EN UN "RETO"

El letrado acusado también se ha apiadado del "marrón" que toca ahora al tribunal sentenciador a la hora de valorar la multitud de cuestiones jurídicas y hechos expuestos a lo largo de estos últimos cuatro meses y ha tenido también un chascarrillo antes de retirarse. "A diferencia de lo que hacen los presentadores de televisión cuando, a la hora de despedirse, dicen gracias por su atención y esperamos verles la próxima semana, en mi caso no quiero volver a verles a ustedes en esta sala jamás, siendo yo además uno de los protagonistas", ha sentenciado.

Sus palabras han sido recogidas por el magistrado presidente de la sala: "Intentaremos convertir ese marrón en todo un reto", ha indicado Ángel Santiago Martínez, que también ha aprovechado para agradecer la colaboración de todas las partes personadas en la causa y también el auxilio recibido de sus compañeros de sala y de los funcionarios que han intervenido en la causa a lo largo de su dilatado desarrollo, "el juicio más largo" que el magistrado asegura que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida.

Con carácter previo, la jornada la abría el informe de conclusiones de la última parte que quedaba por hacerlo y que ha sido expuesto por el abogado de Parque Eólico La Boga S.L, sociedad que figura en la causa como responsable civil subsidiaria y a título lucrativo del pago de indemnizaciones para enjugar los perjuicios supuestamente sufridos por el empresario eólico José María Campos y su esposa, de Augusta Wind, que en el caso de la acusación pública pide al tribunal que se determinen en ejecución de sentencia pero que en el segundo de los casos ya se han cifrado en 184.300.000 euros, "un disparate", según ha denunciado el defensor.

A este respecto, el abogado ha pedido a la Audiencia Provincial que rechace tales pretensiones tras invocar la prescripción y la falta de legitimación pasiva, al tiempo que ha calificado de pago a "precio de mercado" la cantidad de 7.200.000 euros que el matrimonio acusador percibió el 4 de febrero de 2005 por la venta de sus acciones en Augusta Wind al grupo ACS del que formaban parte el grupo alemán Nordex y la mercantil Parque Eólico La Boga S.L, esta última en el banquillo como responsable civil.

"El matrimonio obtuvo por la venta de sus acciones un precio de mercado, no fue un precio vil, miserable ni leonino", ha insistido el defensor, que también rechaza que esa venta se produjera bajo presión alguna desde la Junta de Castilla y León. De hecho, el letrado, para demostrar que los reclamantes no sufrieron perjuicio alguno, ha recordado que la misma mañana que el matrimonio transfirió sus participaciones a ACS pasó de socio minoritario a mayoritario, tras adquirir a Nordex un total de 17.920 acciones, a razón de 11,20 euros por acción, cuando luego en el proceso de venta cada una de esas acciones se revalorizó a 80.000 euros.

Pero además, el representante de La Boga ha incidido en que el matrimonio Campos-Redondo invirtió en este negocio la ridícula cifra de 58.000 euros, frente a los 184 millones que ahora reclaman.

Concluido el juicio, el destino de los once encausados se encuentra ya en manos del tribunal, cuya sentencia, con toda probabilidad, se extenderá a lo largo de cientos de páginas y no será pública hasta dentro de unos meses. El fallo, también con toda seguridad, será objeto de revisión por una instancia superior tras los recursos que se presenten contra el mismo.

Las penas globales solicitadas para los once encausados se sitúan en 116 años de cárcel y multas por importe de 648 por prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública--no todos los ocupantes del banquillo están imputados por todos los delitos--, con la particularidad de que la mayor de ellas sigue siendo la dirigida contra el exconsejero y exsecretario general de Economía, Rafael Delgado, consistente en 42 años de cárcel y multa de 239 millones.

Le siguen el empresario Alberto Esgueva, con doce años y 68 millones de multa; el industrial Germán José Martín Giraldo, con la misma pena de cárcel y 14,5 millones; el supuesto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y 25 millones de multa.

Por su parte, y expuestos a seis años de prisión, la lista la completan los hermanos Patricio, Miguel Ángel y Alejandro Llorente--la petición de multa para cada uno es de 45 millones-- y el empresario y exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, al que se piden 8 millones. Para la expareja de Alberto Esgueva, María del Mar Moreno, se solicitan cuatro años y multa de 215.000 euros.

El juicio por la 'trama eólica' se inició el pasado día 15 de septiembre y en el mismo se investiga supuestas dádivas de más de 80 millones de euros durante el proceso de tramitación de parques eólicos seguido entre 2004 y 2015, periodo en el que distintos empresarios promotores de este tipo de instalaciones, entre ellos Carlos Galdón, de Avanzalia; José María Campos, de Augusta Wind; Gregorio Álvarez Cabreros, de Ibereólica; José María González Vélez, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), y Fernando José Moreno y Miguel Francisco Álvarez de Toledo, ambos del Grupo IDER, denunciaron el chantaje sufrido a manos del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, su segundo de a bordo, Rafael Delgado, y el supuesto testaterro de éste, Jesús Rodríguez Recio, para que dieran entrada en su accionariado a empresarios locales elegidos por los imputados como condición inexcusable para que sus iniciativas empresariales no durmieran el sueño de los justos aparcadas en el cajón de un escritorio.