Acusa al Gobierno de no defender intereses gallegos en Europa y pide que las centrales fabriquen energía "en las mismas condiciones"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía e Industria, Javier Guerra, ha avanzado que la Xunta presentará recurso ante el Tribunal Supremo (TS) una vez que el real decreto que prima la quema del carbón nacional esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el fin de solicitar una paralización cautelar en su aplicación mientras no haya una sentencia. Junto a ello, también recurrirá ante el Tribunal de Luxemburgo esta decisión en base al derecho de las comunidades afectadas "a ser escuchadas".
Después de que la Comisión Europea aprobase este miércoles el real decreto por considerar que respeta la norma comunitaria de subvenciones públicas, Guerra ha comunicado en rueda de prensa que ha enviado --por tercera vez-- una carta en la que "exige" al ministro de Industria, Miguel Sebastián, una reunión para que "escuche" al Gobierno gallego y "busque soluciones para que la decisión sea equilibrada".
Sobre esta cuestión, el consejero de Economía e Industria ha acusado al Gobierno central de "no explicar" ante la Comisión Europea "los efectos reales" que la aplicación del decreto tienen sobre Galicia. Por ello, ha explicado que la Xunta "tiene toda la documentación" para "estudiar los caminos jurídicos" a seguir.
De este modo, Guerra ha mostrado el rechazo del Gobierno gallego "completo y contundente" al decreto, pues según ha denunciado "no fueron escuchados los intereses de Galicia", los cuales "no fueron trasladados a la Comisión Europea más que por las cartas emitidas desde la Consejería de Economía" al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.
De este modo, se ha referido a los efectos "perniciosos" sobre la economía gallega que tendrá, según ha dicho, esta decisión que afectará a más de 3.500 trabajadores y a unas inversiones totales de más de 1.200 millones de euros.
COMPENSACIONES
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha rechazado la vía de las compensaciones como solución, ya que lo "único" que demanda es que las centrales térmicas gallegas "funcionen como estaban funcionando", es decir, "seguir fabricando energía en las mismas condiciones".
A pesar de esto, Guerra ha matizado que si el Gobierno de España establece compensaciones "tiene que comunicarlas", a lo que ha añadido que "es curioso" que en el decreto se establezca compensaciones para aquellas centrales que utilizan carbón nacional y "no para las que utilicen carbón de importación".
VUELTA ATRÁS
"El mundo al revés", de esta forma se ha referido Javier Guerra a la situación gallega, que ha cerrado sus minas y llevado a cabo un proceso modernizador de sus centrales con el objetivo de cumplir el protocolo de Kyoto y reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
Así, ha censurado este real decreto como "una vuelta atrás", ya que, según ha afirmado, si las centrales gallegas produjesen energía con carbón nacional "tendrían que comprar derechos de emisión, lo que sería una contradicción".
En el caso de que se aplique el decreto, las dos centrales térmicas --que produjeron el 24 por ciento de la energía estatal en 2009-- "tendrían que parar", ha sentenciado Guerra. "Esto produciría un efecto en cadena" que afectaría no sólo a la producción de las centrales, sino a los demás sectores implicados.
A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una reducción al 12 por ciento de la producción en las centrales, el consejero ha remarcado que "técnicamente significa la paralización" de las térmicas gallegas.
Por todo ello, el Ejecutivo gallego se reunirá con los ayuntamientos "más afectados" entre los que se encuentran As Pontes y Cerceda, al tiempo que mantendrá comunicaciones con los sindicatos con el fin de conseguir una posición unitaria.
OTRAS COMUNIDADES
Sobre la postura de Galicia en relación con la de otras comunidades implicadas, Guerra ha remarcado que "Galicia no está, en absoluto, en contra de ninguna comarca minera de España" aunque, según ha dicho, "no puede permanecer callada" ante una decisión "perjudicial para sus intereses".
Después de que la portavoz del Gobierno de Asturias, Ana Rosa Migoya, censurase la postura gallega como "egoísta", Guerra ha resaltado que el Gobierno gallego no ha dicho "ninguna palabra" contra "ninguna comunidad, ni mineros", por lo que ha incidido en pedir una "solución equilibrada" y "respetar los intereses de otras comunidades".
