Zarandona (PP) defiende el nuevo protocolo de acceso a vivienda de alquiler mientras el PSOE acusa de plegarse a Vox

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) ha aprobado distintas medidas relativas al Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030, entre las que ha estado la modificación de los protocolos de acceso a la vivienda, que según el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, se simplifica notablemente, mientras que el PSOE ha criticado el incremento del requisito mínimo de antigüedad de empadronamiento, que pasa de uno a tres años.

El Grupo Municipal Socialista ha expresado esa crítica en un comunicado recogido por Europa Press remitido a los medios antes de que concluyera la reunión del Consejo de Administración, mientras que algo después el Ayuntamiento ha enviado una nota de prensa con la explicación de los acuerdos adoptados este jueves.

Uno de los principales acuerdos adoptados ha sido la modificación del Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal gestionado por VIVA, con el objetivo, ha señalado Zarandona, "de simplificar y agilizar el sistema de adjudicación de viviendas municipales" de acuerdo con principios de "igualdad, transparencia y objetividad en el acceso a los recursos públicos".

La revisión, han explicado, "responde a las dificultades detectadas en la tramitación actual, especialmente por el elevado volumen de documentación exigida y la complejidad de los procedimientos de baremación".

Según los datos manejados por la sociedad municipal, algunos procesos de adjudicación podían prolongarse hasta cerca de un año, mientras que con el nuevo sistema se prevé reducir los plazos hasta aproximadamente seis meses.

Zarandona ha defendido que el nuevo modelo "reduce cargas administrativas y permitirá acelerar la resolución de los expedientes", pues se simplifica el sistema de solicitud mediante declaraciones responsables y la reducción de la documentación inicial exigida a los solicitantes. Además, la acreditación documental se requerirá únicamente a las personas que lleguen a la fase final del procedimiento de adjudicación, reforzando así la eficiencia administrativa sin perder garantías de control y verificación.

Entre los cambios aprobados figura igualmente el incremento del requisito de antigüedad en el empadronamiento en la ciudad de Valladolid, que pasa de uno a tres años para poder acceder a determinados programas de vivienda municipal. La medida busca reforzar la vinculación con la ciudad y priorizar el acceso de personas y familias con arraigo en Valladolid.

Por su parte, el Grupo Socialista ha considerado este "no como una mera modificación técnica", sino "una barrera de entrada que dejará fuera directamente a personas y familias que viven en Valladolid, que necesitan una vivienda asequible y que, sin embargo, no podrán ni siquiera concurrir al procedimiento por no alcanzar ese nuevo umbral temporal".

Para el Grupo Municipal Socialista esta decisión "confirma que el PP ha decidido plegarse a los criterios de Vox y convertir el acceso a la vivienda pública en un sistema más restrictivo".

"El endurecimiento resulta especialmente preocupante porque el propio protocolo convierte la antigüedad en el empadronamiento en un factor determinante", han recalcado, antes de precisar que "no solo se exige un mínimo de tres años para acceder", sino que además se "prima con más puntuación a quienes acumulen más tiempo de residencia": un punto entre tres y seis años, dos puntos entre seis y diez años y tres puntos para más de diez años.

El tiempo de empadronamiento "pasa a tener un peso decisivo en la ordenación de las listas, incluso en programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad", ha lamentado el PSOE.

El PSOE considera que "el arraigo puede ser un elemento a valorar, pero nunca debe convertirse en una frontera que impida acceder a una vivienda pública a quienes acreditan una necesidad" y que "estar más o menos tiempo empadronado en Valladolid no hace a una persona más o menos vulnerable".

Para los socialistas, "lo determinante debería ser la situación social, económica, familiar y habitacional de cada solicitante, no un criterio que penaliza especialmente a quienes han llegado más recientemente a la ciudad, a familias en procesos de reorganización vital o laboral, a jóvenes y a personas que atraviesan situaciones de emergencia", ha explicado la concejal Rafi Romero tras el consejo de administración de VIVA.

OTRAS MODIFICACIONES

Otras modificaciones del protocolo establecen que si la documentación no acredita lo declarado previamente, la persona solicitante será excluida del procedimiento en esa convocatoria. De esta forma, se agiliza la gestión de las listas y se evita la revisión innecesaria de expedientes que finalmente no concluyen en adjudicación.

La modificación incorpora además un replanteamiento del modelo de alquiler de vivienda pública municipal basado en los principios de temporalidad y solidaridad. El parque público, han recordado, "se concibe como una herramienta destinada a facilitar una oportunidad habitacional temporal a personas y familias con dificultades de acceso al mercado libre, favoreciendo así procesos de integración social y laboral y permitiendo posteriormente que otras unidades convivenciales puedan acceder también a estas viviendas bonificadas".

En paralelo, el nuevo protocolo simplifica de manera importante los criterios de valoración del programa de Viviendas Blancas (para colectivos en situación de vulnerabilidad). Se reducen variables, se agrupan puntuaciones y se eliminan determinados criterios cuya acreditación resultaba especialmente compleja, lo que permitirá una gestión mucho más ágil y transparente de los procedimientos.

También se incorporan nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de acceso y reforzar el control frente a ocupaciones ilegales, cesiones inconsentidas, fraudes en el empadronamiento o incumplimientos de las normas de convivencia.