Andorra aprueba la ley que permite la desintervención de los contratos de alquiler

Los grupos de la oposición alertan que la situación será perjudicial para las familias

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

El Consell General de Andorra ha aprobado este jueves el proyecto de ley que permite la desintervención de los contratos de alquiler.

El texto ha salido adelante con los votos favorables de los partidos que integran la mayoría parlamentaria --Demòcrates y Ciutadans Compromesos--, mientras que los partidos de la oposición se han manifestado en contra por motivos diversos, como que perjudicará a las familias.

Tanto la ministra de Vivienda, Conxita Marsol, como la consellera general de Demòcrates, Berna Coma, ha defendido la necesidad de poner fin a una medida "excepcional" como fueron las prórrogas de los contratos vigentes desde 2019.

Además, se ha asegurado que no se trata de una liberalización total del mercado, sino que el texto busca una desintervención "progresiva y con garantías", aportando un modelo equilibrado que mantendrá la cohesión social.

Desde el principal grupo de la oposición, Concòrdia, su líder, Cerni Escalé, ha criticado la inversión extranjera "descontrolada" que bajo su punto de vista ha conllevado la crisis actual y ha pedido una moratoria a la inversión extranjera en inmuebles, además de incrementar la tributación sobre las plusvalías para atacar a la especulación.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de Andorra Endavant, Carine Montaner, considera que la descongelación llega tarde, pero ha celebrado que en la tramitación del texto se aprobara su propuesta de impedir que las sociedades no residentes tenga su sede social en un piso residencial.

Finalmente, el socialdemócrata Pere Baró ha advertido que la ley pondrá fin "a la Andorra que conocemos" y que no es momento de descongelar alquileres porque el parque público de vivienda aún no es suficiente.

MODELO APROBADO

La ley aprobada este jueves prevé una desintervención progresiva de los contratos entre los años 2027 y 2030, con topes máximos de precio y en función de la antigüedad del contrato y el precio del metro cuadrado.

Concretamente, se empezará con los contratos firmados en 2012 o antes, así como con los que se sitúen a un precio inferior a los 6 euros el metro cuadrado, para los que la prórroga finalizará en 2027.

Además, para incentivar que el propietario prefiera mantener su actual arrendatario, si se formaliza un nuevo contrato con arrendatarios nuevos, el precio del alquiler deberá ser obligatoriamente el mismo que había hasta ese momento y como máximo el que establece la ley.

La nueva ley también establece controles más estrictos, sanciones e indemnizaciones para el arrendador, para evitar la llamada 'trampa del hijo', así como excepciones, como los alquileres superiores a 2.500 euros mensuales, los de residentes pasivos o los de pisos que necesiten obras estructurales, que no quedaran sometidos a la prórroga.