Andorra tendrá un cupo de 900 autorizaciones de residencia y trabajo hasta abril de 2027

El Consell Econòmic i Social también valida un contingente de 5.000 permisos para temporeros

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 6 (EUROPA PRESS)

El Consell Econòmic i Social (CES) de Andorra ha emitido un dictamen favorable, con el voto negativo de la Unió Sindical d'Andorra, al cupo general de autorizaciones de inmigración para el período comprendido entre octubre de 2026 y abril de 2027 que prevé 900 permisos de residencia y trabajo y trabajo fronterizo.

Según ha informado el Gobierno en un comunicado, el reglamento de cupo general mantiene el enfoque de "prudencia y control", priorizando el acceso al mercado laboral de las personas residentes en el Principado.

También se ha dado a conocer el cupo para la temporada de invierno 2026-2027, destinado a sectores como la hostelería, las estaciones de esquí, agencias de viajes, comercio, actividades inmobiliarias o empresas de limpieza, que prevé un contingente de 5.000 permisos, igual que en las campañas anteriores.

La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha destacado que las propuestas, que ahora deberá validar el consejo de ministros, responden a la voluntad de continuar compatibilizando las necesidades de las empresas con la preservación de un crecimiento "ordenado y sostenible" del país.

En este sentido, ha remarcado que la prioridad del Gobierno continúa siendo favorecer la contratación de las personas inscritas en el Servicio de Ocupación y garantizar que los contingentes se ajusten a las necesidades reales del tejido productivo.

Durante la reunión del CES también se ha dado el visto bueno al calendario laboral de 2027, que fija los días festivos obligatorios, retribuidos y no recuperables para los distintos sectores de actividad económica, así como el régimen específico aplicable a los sectores vinculados directamente al turismo.

Finalmente, la ministra ha señalado la importancia de seguir trabajando conjuntamente con la patronal y los sindicatos para adaptar las políticas a las transformaciones del mercado laboral y a los retos de futuro, preservando, a la vez, el modelo de progreso sostenible que impulsa el Gobierno.