Barcelona abre una oficina para agilizar la gestión de prestaciones sociales y económicas

   BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas, un nuevo servicio municipal para agilizar la gestión de prestaciones sociales y económicas.

   En la presentación del nuevo servicio este lunes, la teniente de alcalde, Laia Ortiz, ha asegurado que nace "con la voluntad de dignificar a las personas vulnerables y cómo el Ayuntamiento se relaciona con la ciudadanía", así como eliminar burocracia en las peticiones de servicios sociales.

   "Pese a que se diga que ha pasado la crisis, hay un crecimiento constante del número de personas atendidas por servicios sociales", ha dicho Ortiz, y ha insistido en que esta oficina se debe convertir en un punto de atención personalizado y con una comunicación horizontal entre administración y ciudadanía.

   La oficina, situada en el número 344 de la calle Aragó, centralizará a partir de ahora la gestión de prestaciones municipales, como por ejemplo la renta de infancia y monoparental y las ayudas de emergencia, además de emitir certificaciones de exclusión residencial, social, de pobreza energética y otros documentos de manera sistémica.

   La teniente de alcalde también ha especificado que en la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas los usuarios podrán recibir información sobre ayudas de la Generalitat y de otras administraciones, como por ejemplo la Renta Garantizada de Ciudadanía.

   La puesta en marcha del servicio ha supuesto una inversión de 300.000 euros y la contratación de 15 profesionales adicionales, y permitirá simplificar la burocracia en una especie de ventanilla única y facilitará a los ciudadanos la solicitud de ayudas.

PLAN DE ACCIÓN IMPULSEM

   La nueva oficina es una de las 20 medidas concretas recogidas en el Plan de Acción Impulsem, el proceso de cambio de los servicios sociales por el que apostó el Ayuntamiento de Barcelona en enero de 2016.

   El consistorio ha calculado que desde el nuevo servicio se concederán el primer año ayudas a unas 20.000 familias por valor de 30 millones de euros, además de expedir cerca de 800 certificaciones de exclusión social y 1.000 certificaciones de exclusión residencial.