Expertos del sector coinciden en que se debería "incentivar un cambio" y no multar
BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de Transpime, Jordi Espín, y el consultor de Gesprolog, Alberto Blanco, han situado la transparencia de las empresas como el principal reto de la descarbonización, en el marco de una ponencia en el estand del Port de Tarragona en el Saló Internacional de la Logística (SIL) 2023.
Lo han explicado este jueves durante la segunda jornada de la 25 edición del SIL, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y que se celebra en el recinto Montjuc de Fira de Barcelona entre el miércoles y el viernes, donde también estaba presente el presidente del Port de Tarragona, Saül Garreta.
Espín ha considerado que las empresas piensan que, cuanto más transparentes son, también son más vulnerables, y ha asegurado que "esto no puede ser", y que se tiene que encontrar, textualmente, el equilibrio entra la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad.
Ha destacado que "es importante acreditar las practicas" que tienen las empresas y crear indicadores porque, según él, sin información no pueden saber cuánto están contaminando.
Blanco ha opinado que "todas las empresas están avanzado pero más lento" de lo que deberían y ha analizado que la política de descarbonización es una cuestión de estrategia y no de economía.
"Al cargador le interesa si la mercancía se ha entregado a tiempo y de manera completa, no cómo se ha hecho y si ha sido de manera sostenible", ha reprochado.
UN CAMBIO DE MODELO
Ambos han coincidido que ha habido un cambio de modelo con la entrada de nuevas normativas que penalizan la contaminación del sector de la logística y que este es erróneo: "Vamos a dejar de multar e incentivar el cambio", ha remarcado Blanco.
"La política que se ha instalado es la de yo pago por contaminar y si pago puedo hacerlo, es decir, la Blue Economy, puedo tener un puerto muy mal, pero si planto cuatro árboles limpio la conciencia", ha criticado Espín.
El secretario general de Transpime y el consultor de Gesprolog han reivindicado que necesitan ayuda de los distintos ayuntamientos, cada uno con una normativa distinta, y una normativa estatal "clara".
