BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Catalana del Agua (ACA) prevé cerrar el año con una deuda de 850 millones de euros, frente a los 990 de finales de 2013 y los 1.400 de 2010, y prevé eliminarla casi por completo en 2018, cuando volverá a invertir.
En una comparecencia en el Parlament con motivo de la presentación de un informe de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya sobre las cuentas de 2010 que constataba "pérdidas constantes y significativas" y ponía en duda la capacidad del canon del agua como principal fuente de ingresos, el actual director de la ACA, Jordi Agustí, ha defendido la utilidad del organismo, su viabilidad actual y la existencia de entes equivalentes en otras regiones y países: "Si cerramos esta administración hidráulica, deberemos crear otra para hacer lo mismo".
Ha destacado el saneamiento que realiza del 96% del agua de Catalunya, con resultados de buena calidad del agua en los ríos y playas catalanes, la refinanciación conseguida de su deuda, y que, a fecha de hoy, la agencia es rentable y paga a sus proveedores y a la banca.
Ha añadido que cerrará 2014 con superávit de tesorería, que destinará a devolver créditos en 2015, y que está corrigiendo los aspectos señalados por el informe de la Sindicatura de 2010; actualmente, la ACA dedica el 40% de su presupuesto a devolver deuda, el 38% a costes de explotación del saneamiento, y el 22% al resto de actividades.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
El exdirector de la ACA Manuel Hernández, que estaba en el cargo en 2010, ha defendido su gestión y los imprevistos que supuso tomar medidas por la sequía de los años 2007 y 2008, y ha lamentado que se enteró por la prensa de que el Govern llevó a Fiscalía en junio presuntas irregularidades por un proceso de adjudicación de asesoría y consultoría por 7,6 millones en 2008.
Se ha mostrado convencido de que la Unión Temporal de Empresas (UTE) elegida cumplió con creces con los objetivos de la contratación, como consta en una veintena de actas, ha ejemplificado, y ha añadido que, si hubo irregularidades en su elección, "nada se hizo de mala fe", aunque ha asumido su parte de responsabilidad.
Las presuntas irregularidades se refieren al expediente de contratación para la redacción del Programa de medidas y del plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Catalunya en el periodo 2008-2009, cuando la ACA adjudicó esta labor a una UTE formada por las mercantiles Auditoría e Ingeniería, United Research Services España y Artenginy, con Joan Lluís Quer al frente.
Quer había sido años antes gerente de la ACA --entre 2000 y 2004--, y actualmente es presidente de Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya, aunque la Conselleria de Economía ha mantenido su confianza en Quer al considerar que éste no ha infringido la ley de incompatibilidad de cargos.
Tanto la Intervención General de la Generalitat como la Sindicatura de Cuentas han apuntado irregularidades en la licitación, adjudicación y ejecución de la contratación de estudios y trabajos para la elaboración del programa de la cuenca fluvial, un instrumento de planificación hidrológica para conseguir los objetivos de la directiva marco del agua de la UE.
