Archivo - La presidenta de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Meritxell Budó - Kike Rincón - Europa Press - Archivo
BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha presentado su contribución en la 'Call for Evidence' de la Comisión Europea sobre la futura estrategia del derecho de permanencia ('Right to stay') para "situar la realidad y las necesidades de los municipios rurales y con riesgo de despoblación en el centro de las políticas europeas".
La propuesta de la ACM defiende la "necesidad de avanzar hacia un enfoque estructural y territorializado que garantice que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en sus municipios en condiciones dignas", informa la entidad en un comunicado este jueves.
La ACM ha subrayado que las políticas públicas europeas deben reconocer las especificidades de los territorios rurales y evitar la aplicación de criterios pensados para entornos urbanos.
Entre sus aportaciones, ha destacado la importancia de "disponer de marcos de planificación e instrumentos legislativos específicos para los municipios afectados por la despoblación", y poner en valor el papel del 'rural proofing' como herramienta clave para garantizar que las políticas europeas tengan en cuenta los impactos diferenciados sobre territorios rurales.
"EXPERIENCIA CATALANA COMO REFERENTE"
La entidad ha explicado que su contribución "incorpora la experiencia catalana como referente, con instrumentos como la Agenda Rural de Catalunya y el Estatut de municipis rurals, que permiten avanzar hacia una gobernanza más adaptada a la realidad territorial y reforzar la cohesión y la igualdad de oportunidades".
En paralelo, el documento de la ACM "identifica los factores esenciales para hacer efectivo el derecho a la permanencia", como el acceso a los servicios públicos de proximidad, la vivienda asequible, la movilidad, las oportunidades laborales y la digitalización.
También pone énfasis en los Projectes Arrelament impulsados desde el mundo local catalán y coordinados por la Fundació Transparència i Bon Govern Local, vinculada a la ACM.