Ejerce el derecho de retracto comprándolo por 2,75 millones y analizará "caso por caso"
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado ejercer el derecho a retracto sobre una finca del número 37 de la calle Leiva, en el barrio de Hostafrancs de Sants-Montjuïc, cuyo propietario había iniciado su venta a un fondo inversor, y el Gobierno de Ada Colau ha optado por comprarlo por 2,75 millones de euros para evitar la expulsión de los vecinos.
"Desde el Ayuntamiento se quiere dar un mensaje de que estamos en contra de estas operaciones especulativas que van a expulsar a vecinos", ha señalado Montaner, quien ha destacado en declaraciones a los medios que la compra de la finca --de 12 pisos y dos locales-- todavía no se ha formalizado y se aprobó en la comisión de Gobierno de este jueves.
Con la operación, el Ayuntamiento ha paralizado la venta del inmueble al fondo inversor, ejerciendo el derecho a retracto como una herramienta recogida por la legislación en áreas de fuerte demanda residencial, que ha usado de forma excepcional.
El Ayuntamiento ha atendido a los vecinos afectados, analizando si se estaban produciendo casos de acoso inmobiliario y estudiando la posibilidad de intervenir si se había producido la transmisión de la finca sin notificarlo a la administración, tal como prevé la ley y no ocurrió, ante lo que el Ayuntamiento optó por ejercer el derecho de retracto.
TAMBIÉN PISOS 'OKUPADOS'
La concejal del distrito, Laura Pérez, ha recordado que en la finca hay vecinos con contratos de alquiler de renta antigua y nueva y también pisos 'okupados', y ha resaltado que la Oficina de Vivienda está estudiando "caso por caso" y abordarán cuál es la fórmula adecuada para cada vecino una vez la finca sea de propiedad municipal.
Montaner ha garantizado que, "si hay que regularizar alguna situación, se regularizará", y ha asegurado que el Ayuntamiento promoverá los derechos de los vecinos con contratos de alquiler de cinco años y prorrogables, una vez se formalice la compra.
Preguntado por si impulsarán soluciones similares ante otros casos parecidos en la ciudad, el concejal ha insistido en que se ha tratado de una operación excepcional porque se cumplían todos los criterios y tenía sentido desde el punto de vista social y económico, aunqeu ha añadido: "No los podemos comprar todos, pero si en otra ocasión esta es la mejor solución, se hará".
Ha detallado que la propiedad el edificio recae en la entidad Anida Operaciones Singulares, propiedad de BBVA, y que el fondo de inversión que preveía comprarla era Vauras Investment, tras lo que ha señalado que la entidad bancaria propietaria podría recurrir la decisión municipal, algo que Montaner no prevé.
"DERECHO QUE HAY QUE DEFENDER"
"Como Ayuntamiento, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger el derecho a la vivienda", que no es un bien de mercado, sino un derecho que hay que defender, ha sostenido Pérez, que ha sostenido que los vecinos que viven en un barrio tienen el derecho de mantener su vivienda.
Los vecinos llevaron el asunto a la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, a quien explicaron que la empresa comunicó a los inquilinos --excepto a cuatro con renta antigua-- que no renovaría su contrato de alquiler cuando acabara.
