BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El bipartito de Barcelona y ERC apostaron hoy en la Comisión extraordinaria de Seguridad y Movilidad sobre el 'caso Vilaró' por darlo por cerrado mientras CiU y PP insistieron en las sombras de duda abiertas y avisaron de la falta de coordinación entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana. Todos se acusaron mutuamente de instrumentalizar a la Urbana por fines partidistas.
La comisión se convocó a instancia del PP, con el apoyo de CiU, por el último informe de los Mossos sobre las lesiones que sufrió el jefe de la Urbana, Xavier Vilaró, en la celebración de la Eurocopa en la plaza de Espanya en junio de 2008, y se realizó la misma semana que se ha hecho público el archivo provisional dictado por la juez de la investigación que solicitó Vilaró.
La concejal de Seguridad, la socialista Assumpta Escarp, afirmó que ha mantenido "coherencia y rigor" y defendió la versión de Vilaró, a quien definió como "un profesional con vocación de servicio que dedica muchas horas a la ciudad". Sin embargo, el principal protagonista ni los mandos policiales directos acudieron a la comisión, donde si estuvieron representantes de sindicatos.
Escarp y Joaquim Forn (CiU) se intercambiaron reproches por el informe de los Mossos y el auto de la juez. Según Forn, demuestran que las lesiones podrían no haber sido provocadas por una pelota de los Mossos. Escarp declaró que "nunca" ha habido contradicción entre ella y Vilaró, y Joaquim Mestre (ICV-EUiA) acusó a Forn de creer cualquier versión excepto la de la Urbana.
Para Ricard Martínez (ERC), la comisión desgasta aún más a las instituciones, y sólo hay una solución: que los mandos policiales se sienten en una misma mesa a puerta cerrada para acordar una única versión avalada por todas las instituciones y que cierre el caso. "Tenemos que cerrarlo por responsabilidad institucional, interesa a la ciudad y el caso no da más de si", afirmó Mestre.
Tanto Forn como Àngels Esteller (PP) cargaron contra la "mala gestión de la información" del bipartito. Se remitieron a las competencias en seguridad del alcalde, Jordi Hereu, para pedir que él y Escarp den explicaciones. Forn avisó que el caso no se cierra aquí porque quedan contradicciones, mientras Escarp admitió errores de comunicación pero zanjó: "No se mintió nunca".
Según Esteller, el origen del caso está en la falta de coordinación entre los dos cuerpos policiales, y que Forn elevó a "abismo" entre Generalitat y Ayuntamiento. Esteller exigió a Hereu que se reúna con el conseller de Interior, Joan Saura (ICV-EUiA), para resolver competencias y dar respuesta a los interrogantes que "perjudican a la seguridad", de cuyo deterioro responsabilizó a Saura.
Escarp lamentó que CiU y PP "sigan lanzando sombras de duda", reclamó que dejen de instrumentalizar los cuerpos, defendió la honorabilidad de la Urbana y salió al paso de las críticas por descoordinación con cifras. Explicó que desde el inicio del despliegue en 2005 de los Mossos en Barcelona y hasta mayo, han realizado 3.157 operaciones con la Urbana, que se han saldado con 1.206 detenciones. Sin embargo, tanto ella como Mestre admitieron que puede mejorarse el sistema.
Siguen en trámite las querellas contra dos medios de comunicación por un delito de injurias y calumnias, y las causas abiertas por daños al mobiliario urbano, altercados y atentado durante la celebración de la Eurocopa. En estas últimas, el Ayuntamiento ha comparecido como acusación particular, y pide entre 2.600 euros y 8.000 de multa y penas de cárcel de dos a cuatro años. En otoño ya quedaron archivadas las diligencias por ostentación de simbología fascista.
