Piden que se registren las dependencias de la unidad que supuestamente hizo el borrador policial
BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
CDC ha denunciado a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por delito electoral al considerar que la filtración del borrador de informe que supuestamente revela el cobro de comisiones irregulares del caso Palau por parte de las familias del expresidente Jordi Pujol y del presidente de la Generalitat, Artur Mas, perjudica al candidato de CiU a las elecciones.
La denuncia presentada este martes ante la Fiscalía del TSJC va contra los funcionarios de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Udef por los perjuicios que se causan al candidato del partido, a sus intereses políticos y su reputación, además de "a los intereses colectivos de una sociedad que ve reducida su libertad de decisión".
Este martes se han presentado ante el juzgado de guardia de Barcelona una querella del conseller de Interior, Felip Puig, y otra de la propia Conselleria por delitos e injurias contra el diario El Mundo y los periodistas que han publicado las informaciones sobre presuntas comisiones pagadas por empresas como Ferrovial a cambio de adjudicaciones a dedo de obra pública, a través del Palau de la Música, la Fundació Trias Fargas y un entramado de empresas, que acabaron presuntamente en manos de CDC y algunos de sus políticos.
DENUNCIA
Según consta en la denuncia contra la Udef, las consecuencias de la divulgación del informe "son incuestionables", no solo en relación a los perjuicios que se causan al partido y a sus intereses políticos y de reputación, sino en última instancia a la propia Administración, sus instituciones y funcionarios, la credibilidad de los cuales, según el escrito, quedan en entredicho ante esta infracción de los deberes de custodia y confidencialidad.
Aseveran, además, que estos hechos que han causado "un estado de alarma social, han conmovido a la sociedad catalana y han puesto en grave riesgo el sistema democrático", y los enumeran: delito electoral, delito de falsedad documental, delito de usurpación de atribuciones judiciales, delito de infidelidad en la custodia de documentos y de descubrimiento y revelación de secretos.
Según el escrito, estos delitos atentan contra el honor de las personas y de CDC y el proceso electoral, y "al principio de confidencialidad y custodia documental que corresponde a la administración y a sus funcionarios".
"El delito electoral protege directamente el proceso electoral mismo e indirectamente a la propia estructura democrática, castigando aquellos comportamientos que impiden o dificultan la libertad de decisión de los electores o falsean el resultado electoral", prosigue la denuncia.
Sin embargo, tampoco descartan que el borrador filtrado se trate de una falsificación documental, y en cualquier caso recalca que "la confidencialidad de las informaciones de las cuales dispone la administración no pueden ni deben ser aprovechadas por los funcionarios para ser utilizadas para finalidades ajenas a su función pública".
Con todo, pide que se registren las dependencias de la Brigada de Blanqueo de la Udef para determinar si existen los documentos, que se intervengan dichos documentos y se acceda y se clonen los discos duros y que se pida al Ministerio del Interior que informe de la autoría del documento y de la investigación sobre su filtración.
QUERELLA DE INTERIOR
En la querella presentada por la Conselleria de Interior se recoge que las informaciones que aseguran que los Mossos d'Esquadra borraron y escondieron pruebas del caso Palau atribuyen a la policía catalana un grave delito y buscan "erosionar las relaciones de coordinación y colaboración" con la Policía Nacional.
Asimismo, consideran que los querellados "buscan desacreditar el trabajo de todo el cuerpo de Mossos, haciendo continuas referencias a irregularidades no detectadas, atentando contra su profesionalidad en las tareas de investigación y el estricto cumplimiento de sus funciones así como su deber de reserva y confidencialidad".
Así, consideran que se ha cometido un delito de calumnias al atribuirles a los mandos policiales "con menosprecio temerario a la verdad" la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, y también de injurias, y piden que declaren los periodistas y se aporte a las actuaciones el informe de la Udef.
Por su parte, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, también ha presentado una querella dirigida a los dos periodistas y al diario por calumnias e injurias al publicar que recibió 250.000 euros de la trama del caso Palau, según una anotación que consta en la documentación incautada.
CONSELL EXECUTIU
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha anunciado que Presidencia ha puesto en conocimiento de Fiscalía las informaciones de 'El Mundo' para saber "si hay indicios de delito respecto a la honorabilidad de la presidencia de la Generalitat".
Al preguntársele sobre las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que señaló que existe la obligación de abrir una investigación cuando hay indicios, Homs ha preguntado qué se quiere investigar si aún no se ha confirmado si existe el borrador de informe, quién lo ha encargado y cómo un medio de comunicación ha tenido conocimiento sobre ello.
