El CGE avala la ley de cámaras, incluidas las "sillas de plata" que cuestionaron Comuns y CUP

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalado la ley de cámaras de Catalunya, incluidas las "sillas de plata" que llevaron a los grupos de los Comuns y la CUP a pedir un dictamen al órgano consultivo.

Lo ha hecho en un dictamen publicado este martes, el CGE ha determinado que la reserva de vocalías en función de las aportaciones económicas voluntarias que hagan las empresas a los entes se ajusta tanto al Estatut d'Autonomia como a la Constitución.

Comuns y CUP llevaron la norma, impulsada por PSC-Units, Junts, ERC y PP y en tramitación en el Parlament, al órgano consultivo al considerar que "cuestiona las bases del diálogo social y lo desequilibra hacia la parte empresarial".

"LEGÍTIMA FINALIDAD DE CONTRIBUIR" ECONÓMICAMENTE

Ambas formaciones señalaron, además, que el hecho de realizar una aportación económica más alta "no acredita una mayor representatividad, implantación territorial o capacidad de defender los intereses generales del conjunto del tejido empresarial".

El CGE ha determinado que la proposición de ley respeta el principio de organización y funcionamiento democrático de las cámaras avala en su dictamen las tres tipologías de candidaturas: las elegibles por sufragio de los electores; las propuestas por las organizaciones empresariales y elegidas por las anteriores vocalías, y las de las empresas con mayor aportación voluntaria, que "responden a la legítima finalidad de contribuir a la sostenibilidad económica de las cámaras".

Además de las 'sillas de plata', el CGE ve también dentro del Estatut y Constitución la participación de las cámaras en organismos y ámbitos administrativos públicos y público-privados, así como la participación en la formación profesional, puntos que también habían cuestionado Comuns y CUP.

ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COLABORACIÓN

El texto reconoce a las cámaras como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones que representan, promueven y defienden los intereses generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

Según los impulsores, también promueve la creación de planes camerales, con el objetivo de "apoyar el desarrollo de las empresas catalanas mediante la colaboración con las administraciones públicas".