El Cicac se adhiere al Pacte Nacional per la Llengua para garantizar los derechos lingüísticos

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha firmado este martes su adhesión al Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo transversal impulsado por el Govern de la Generalitat con el objetivo de garantizar e impulsar el uso del catalán, según informa la entidad en un comunicado.

La adhesión se ha formalizado en un acto celebrado en el Institut d'Estudis Catalans liderado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.

El pacto recoge reivindicaciones "históricas" de la abogacía catalana, según el Cicac, como la necesidad de que el personal que presta servicio al público en la Administración de Justicia en Catalunya tenga que acreditar el conocimiento del catalán.

También contempla la modificación de leyes estatales para que este requisito sea extensible también a jueces y fiscales, con el objetivo de terminar con situaciones "tan anómalas" como que una parte importante del personal interino y profesionales de las oficinas judiciales no entiendan el catalán, según el Consell.

Este hecho, no solo puede entorpecer el funcionamiento normal de los juzgados, según el Cicac, sino que supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

TURNO DE OFICIO

El Pacto también prevé la ampliación del convenio entre la Conselleria de Justicia y el Cicac para promover el uso del catalán en el turno de oficio y, entre otros aspectos, establece medidas para garantizar que los cuerpos policiales respeten el derecho de opción lingüística de los ciudadanos y abogados.

El presidente del Cicac, Joan Martínez, ha indicado que "no puede haber justicia plena si una parte de la población no puede expresarse con normalidad en su lengua propia ante los tribunales".

En la misma línea, el vicepresidente del Cicac y responsable de la Comissió de la Llengua, David Casellas, ha valorado positivamente que "un acuerdo institucional de esta magnitud reconozca explícitamente que el conocimiento del catalán debe ser un requisito para acceder a lugares de trabajo públicos vinculados a la Administración de Justicia".