BARCELONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado este miércoles que ha logrado un acuerdo con el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para que la Subcomisión de Urbanismo dé luz verde a la medida aprobada por el consistorio de obligar a nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a destinar el 30% a vivienda protegida.
En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha explicado que se han intensificado los contactos entre ambas instituciones, después de que la última Subcomisión de Urbanismo convocada para aprobar la medida se suspendiera por falta de acuerdo: "El 30% no puede esperar más", ha insistido.
"La Subcomisión sólo debe hacer un trámite formal, que se ha parado durante dos meses. Esto ha hecho que ya hayamos perdido cerca de 300 pisos para vivienda de protección oficial", ha subrayado la primera edil, que ha convocado una rueda de prensa junto a Calvet la tarde de este miércoles para detallar el acuerdo.
CONSEJO DE MINISTROS
Preguntada porque el Gobierno central haya elegido el 21 de diciembre como fecha para reunir el Consejo de Ministros en Barcelona, Colau ha opinado que no se trata de un anuncio "serio" porque no se ha hablado con los gobiernos anfitriones --Barcelona y Catalunya-- para hacer política.
"No estoy aquí para dar la mano a nadie en el aeropuerto. Queremos tener reuniones. No tienen que venir de forma simbólica y para pasearse por Barcelona, sino para hacer política en mayúsculas, sino estarán reproduciendo la peor política del PP", ha dicho Colau, en referencia a la Operación Diálogo impulsada por la exvicepresidenta del PP Soraya Sáenz de Santamaría.
En relación a la aprobación de los Presupuestos en Barcelona, Catalunya y el Estado, ha reflexionado que una de las explicaciones del crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo es por el fallo del sistema democrático para dar respuesta a las necesidades de la población: "Estos presupuestos permitirían garantizar los servicios públicos y son imprescindibles".
HUELGA DE HAMBRE
Sobre la huelga de hambre iniciada por dirigentes políticos encarcelados, ha alertado sobre la lentitud inaudita del proceso judicial: "Hay un abuso de la prisión provisional", y ha apoyado el derecho de los presos a denunciar la excepcionalidad de su situación para no normalizarla, y ha destacado que la situación no solo vulnera los derechos de los independentistas, sino de todos los ciudadanos.
Asimismo, ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Navarra que confirma la condena de 9 años de prisión por abuso sexual a La Manada, y ha asegurado que hace falta una reforma del sistema judicial ante la "justicia patriarcal" actual, por lo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe para devolver la autoridad y el prestigio social a la justicia.
