BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El número de hogares catalanes que no reciben ningún tipo de ingreso --ni de trabajo ni subsidios por paro o pensiones-- se ha duplicado desde el inicio de la crisis, pasando de 57.000 en 2007 a más de 118.500 en 2011, según datos del informe del Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya (CTESC).
El informe evalúa el riesgo de pobreza relacionado con el mercado laboral y concluye que el número de hogares en los que todos sus miembros están en paro se ha multiplicado por cinco entre 2007 y 2012, y por tres y medio los que el principal sustentador de la familia no tiene trabajo.
Sobre el riesgo de pobreza --situación transitoria--, el informe apunta que los parados tienen una tasa del 30%, a diferencia de las personas ocupadas, que es del 13,7%.
También determina que desde el 2010, los hogares con hijos dependientes --en edad de trabajar pero parados-- el riesgo de pobreza se ha disparado hasta el 59%, frente al 6,9% de los hogares sin hijos dependientes.
En el conjunto de la Unión Europea (UE), según datos del Eurostat recogidos por el informe, España está entre los países con una tasa de pobreza en el trabajo más alta, 12,7% frente a la media europea del 8,5%, sólo superada por Grecia y Rumanía.
El estudio remarca un "elevado riesgo de pobreza" entre la población ocupada siguiente: autónomos, contratados temporalmente o con jornada parcial, empleados del sector inmobiliario, de la construcción, la agricultura y la pesca.
Los perfiles más vulnerables que retrata el informe son hombres de origen inmigrante de más de 45 años que sólo han trabajado en un tipo de empleo; mujeres solas y mujeres inmigrantes con dificultades de hablar catalán o castellano; jóvenes de familias desestructuradas; personas hipotecadas; personas poco cualificadas; administrativos e investigadores.
Por ello, el CTESC recomienda "reforzar el diálogo social y la protección a personas con riesgo de pobreza", aunque tengan trabajo; mejorar los instrumentos para luchar contra este riesgo y garantizar la cobertura de las necesidades básicas, además de mejorar la eficiencia de las políticas activas de ocupación.
