Entidades afirman que durante la actuación policial del 1-O hubo tortura y maltrato

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora para la prevención de la tortura, que aglutina a 40 entidades, ha presentado este jueves su informe de 2017 en el que presta especial atención al dispositivo policial del 1-O y que considera que algunas actuaciones policiales "encajan absolutamente con la definición de tortura y maltrato", ha afirmado la abogada Laia Serra.

En rueda de prensa, Serra, abogada de la Comisión de Defensa del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), ha expresado que el concepto de tortura engloba el sufrimiento físico y mental, la incertidumbre y la violencia simbólica y que el 1-O tuvo como finalidad el castigo: "Fue una operación de escarmiento colectivo".

Ha detallado que en el informe se han documentado "situaciones donde se usa la porra como primer recurso y en partes del cuerpo especialmente vulnerables" y que también se hizo uso de las balas de goma pese a estar prohibidas por el Parlament.

Asimismo, ha asegurado que la Coordinadora cuenta con suficientes datos como para "poder afirmar taxativamente que el dispositivo policial que debía impedir la votación no se hizo para este objetivo".

Serra ha constatado que hubo unidades policiales que desplegaron violencia más acentuada que otros y que, en definitiva, el operativo del 1-O fue un "laboratorio represivo para ver hasta que punto la población aguantaba" en el que, a su entender, se hizo un uso ilegítimo de la fuerza.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

"La gente sufrió enormemente el componente simbólico por las vejaciones que sufrió y contempló", ha valorado Serra, y, de hecho, en el informe de la Coordinadora se constata que la extensión y la calidad de la violencia desplegada lo convierten en uno de los episodios de vulneración de los derechos humanos más relevante de los últimos años.

La Coordinadora también señala en su informe que la violencia ejercida el 1 de octubre ha causado un impacto psicosocial grave en la ciudadanía catalana y critican que no haya habido de momento ninguna investigación interna por parte de los respectivos cuerpos policiales ni la oportuna depuración de responsabilidades disciplinarias.

MIL AFECTADOS EN ESPAÑA

El informe 2017 de la Coordinadora para la prevención de la tortura es una recopilación de las denuncias por tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes en toda España y este año ha recogido 224 situaciones con 1.014 personas afectadas, 619 en Catalunya.

Sobre la evolución desde que se hace este informe (2004), Carlos Hernández, de la entidad Salhaketa, ha explicado que ha habido un importante repunte en 2017 debido al 1-O y que los picos se producen en los años en los que hay "mucha movilización social", como cuando hubo el 15-M o los disturbios derivados del desalojo de Can Vies.

De hecho, el informe de este año recoge que 86 casos fueron durante movilizaciones, 56 referidos a migrantes, 58 son de personas presas, 13 menores y 31 por otras situaciones.

El documento también recoge que en 2017 se tuvo conocimiento del fallecimiento de 55 personas que se encontraban bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado o de personal de espacios de custodia públicos, o por actuación directa durante actuaciones policiales.

Este informe de la Coordinadora se traslada cada año a las autoridades correspondientes, y preguntados sobre si prevén una respuesta positiva de los nuevos ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Justicia, Dolores Delgado, Lluïsa Domingo, de la Comisión de Defensa del Icab, ha admitido que "las perspectivas no son buenas".