Entidades y municipios urgen a Sánchez a retirar el recurso contra la ley catalana de la vivienda

Representantes de ayuntamientos y organizaciones
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 17 octubre 2018 12:35

Calculan que habría evitado 35.000 desahucios desde que el Gobierno del PP la recurrió

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcaldes, entidades sociales y municipalistas, sindicatos y colegios profesionales han unido fuerzas este miércoles con el "objetivo común" de urgir al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a retirar el recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley catalana 24/2015 de la emergencia habitacional y la pobreza energética que mantiene paralizada su protección contra los desahucios.

En un acto ante el Parlament, la portavoz de la PAH, Lucía Delgado, ha reclamado que el viernes, tras el Consejo de Ministros, anuncien la retirada íntegra para recuperar una ley que calculan que habría evitado 35.000 desahucios en Catalunya desde que el Gobierno del PP la recurrió, y ha pedido hacerlo antes de que el TC resuelva el recurso: "No podemos esperar más".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmado que "no se entiende" que Sánchez no haya retirado este recurso cuando se manifestó contrario, y ha defendido que la ley impide desahuciar una familia sin proponer antes un alquiler social, por lo que evitaría que la actual especulación de grandes propietarios e inversores siga sin responsabilizarse.

También han pedido poder aplicar una norma que coinciden en ver como una "herramienta efectiva" los consistorios de Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y Reus (Tarragona); la Taula del Tercer Sector, la ANC, Òmnium, CC.OO., UGT, las entidades municipalistas --FMC y ACM-- y otras organizaciones y colegios profesionales presentes en el acto.

"La situación de emergencia habitacional y de pobreza energética que sufrimos desde 2008 continúa destrozando la vida y condenando a la pobreza miles de personas", defiende el manifiesto, enviado a Sánchez en forma de carta, promovido por los impulsores de la ILP --PAH, APE y Observatori Desc-- y que cuenta con 40 adhesiones hasta este miércoles, cuando lo han abierto a la ciudadanía.

Los impulsores han pedido a la ministra Meritxell Batet una reunión formal, después de que la comisión bilateral Generalitat-Gobierno en la que participó el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, no llegara a abordar este punto: "Se ha perdido mucho tiempo", ha lamentado Delgado, que ha añadido que piden la retirada total, sin negociaciones.

No estaban presentes en el acto pero firman el manifiesto los relatores de la ONU Leilani Farha y Miloon Kothari y los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y Girona), junto a organizaciones de diversa índole.

La portavoz de la APE, Maria Campuzano, ha recordado que la parte de la Ley de pobreza energética y emergencia habitacional se aprobó por unanimidad en el Parlament, y que la parte energética no se ha suspendido, por lo que ha reclamado que paralelamente se obligue a las empresas suministradoras a firmar convenios para corresponsabilizarse.

ÒMNIUM Y ANC

Desde Òmnium Cultural, el miembro de la junta Xavier Antich ha apoyado la petición en nombre de los 127.000 socios y del presidente, Jordi Cuixart --encarcelado--: "No hay libertad sin justicia social", y no puede tolerarse la vergüenza de los desahucios, que según la ILP se cifran en 42 diarios en Catalunya.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha considerado que en los últimos años ha habido en Catalunya una recuperación de la soberanía que se ha traducido en iniciativas como esta ley, que se ha laminado paralelamente desde el Estado como muestra el recurso, y ha visto urgente su retirada ante la actual "especulación desbocada".

PRECARIEDAD Y SINIESTRALIDAD

El alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha señalado que paralelamente a esta recuperación, falta más financiación y políticas públicas por el derecho a la vivienda y una ley de arrendamientos urbanos, y la alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich, ha afirmado que Sánchez dijo: "Si hubo dinero para rescatar bancos, tiene que haber para familias que pierden su casa".

La concejal de Bienestar Social de Reus, Montserrat Vilella, ha defendido: "No aplicar esta ley puede tener consecuencias graves, y en Reus lo sabemos muy bien", ha dicho en referencia a una anciana víctima de pobreza energética que murió en un incendio, y un representante de Bombers Indignats ha constatado en el acto que la precariedad aumenta la siniestralidad.

Desde la Federación de Ampas de Catalunya (Fapac), se ha alertado de que la vulnerabilidad residencial afecta a la segregación escolar, mientras que el portavoz de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), Diosdado Toledano, ha alertado que no es suficiente con que la ley esté vigente, sino que hay que aplicarla, y ha asegurado que no se está realizando con la de la RGC, que solo ha aprobado el 4,6% de las solicitudes.

También han apoyado el manifiesto el Colegio de Educadores Sociales de Catalunya (Ceesc), el de la Abogacía de Barcelona (Icab), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (Confav), la Associació Catalana per la Defensa dels Drets, el Sindicat de Llogateres, la Habitat International Coalition (HIC), Aigua és Vida y la Red por la soberanía energética, entre otras organizaciones.