Entidades piden activar "inmediatamente" la cesión obligatoria de pisos vacíos de bancos

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Promotor de la Ley catalana 24/2015 de la pobreza energética y la emergencia habitacional ha celebrado la recuperación de las medidas más importantes de la norma, recuperada tras cerca de tres años de bloqueo por la impugnación del anterior Gobierno del PP, y ha urgido a activar "inmediatamente" la cesión obligatoria de viviendas vacías de bancos y fondos de inversión.

En un comunicado este lunes, los impulsores han asegurado que el Tribunal Constitucional ha notificado ya al Gobierno central y a la Generalitat la sentencia con fecha de 31 de enero en la que acepta el desistimiento del recurso anterior, al que llegaron ambos gobiernos en un acuerdo en noviembre.

Con esto, se recuperan herramientas "tan imprescindibles y demostradamente efectivas" como la que obliga a grandes propietarios a hacer una oferta de alquiler social a personas vulnerables que desahucien --por impago de alquiler y por ejecuciones hipotecarias--, así como a ceder viviendas vacías para uso social.

"Las mesas de emergencia necesitan con urgencia estas medidas para poder ofrecer vivienda a todas las personas en situación de exclusión residencial", han asegurado desde el grupo, formado por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Observatori Desc, entre otras entidades.

ACABAR CON LISTAS DE ESPERA

Han exigido a la Generalitat que se responsabilice para garantizar que no se vulnera esta ley, y que active los mecanismos para la cesión obligatoria: "Las listas de espera en las mesas de emergencia tienen que acabarse porque la falta de vivienda ya no puede ser una excusa".

También han pedido al Ejecutivo catalán que firme convenios que obliguen a las empresas suministradoras a asumir las deudas que las familias no pueden asumir.

A los ayuntamientos catalanes, han reclamado que inicien los mecanismos que prevé la ley para identificar los pisos vacíos y notifiquen a los grandes tenedores la obligación de cederlos.

Los consistorios deben sancionar "todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley", han subrayado, como no haber hecho la oferta de alquiler obligatorio y los cortes de suministros a familias vulnerables.

Las entidades han llamado también a los juzgados y los abogados a aplicar la ley de forma exhaustiva, mientras que han asegurado que estarán "pendientes y movilizadas" para que se cumpla la norma.

La sentencia del TC acepta el desestimiento del recurso en los artículos 2.2, 5 --en algunos apartados-- y 7 y las disposiciones transitorias segunda y final tercera de esta ley, a la vez que estima el recurso y declara inconstitucionales los artículos 3 y 4 y la disposición adicional relativos al sobreendeudamiento, que los gobiernos central y catalán pactaron.