BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Entidades de Atención y de Educación a la Infancia y la Adolescencia (Fedaia), el Casal dels Infants del Raval, la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM) y colegios profesionales celebraron hoy la aprobación de la Ley de los derechos y las oportunidades de la infancia y de la adolescencia, que aúna la legislación al respecto, pero reclamaron "ambición" y recursos suficientes para su implementación.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Fedaia, Jaume Clupés, recordó la "complicada" situación financiera de los entes locales, y pidió al Govern que les otorgue los recursos suficientes para atender a los niños en riesgo social.
Asimismo, Clupés se mostró crítico con la creación del procurador de la infancia, que atenderá las quejas de los menores tutelados, por su vinculación con la Generalitat. "Seguiremos reivindicando una figura independiente para evitar abusos e irregularidades", subrayó.
Entre los aspectos positivos de la ley, Clupés destacó que los mayores de 12 años puedan impugnar las resoluciones administrativas sobre su situación para "expresar sus necesidades reales y participar en las decisiones sobre su presente y su futuro más inmediato".
"Esta ley hacía mucha falta", explicó a Europa Press el director técnico del Casal dels Infants del Raval, Ismael Palacín, que pidió "ambición, liderazgo y valentía política" en el despliegue para que la norma no se quede "a medio camino".
Por ello, pidió "concreción" en aspectos como la prevención del abuso sexual en instituciones; la promoción de las familias durante los primeros años del niño para evitar situaciones de riesgo, y los programas sociolaborales para atajar la "elevada" tasa de reincidencia de los infractores juveniles.
También en declaraciones a Europa Press, la presidenta de la ACIM, Maria Eulalia Palau, celebró que a partir de ahora sea el maltratador quien abandone el domicilio familiar en lugar del niño, y celebró que se trate de una ley de consenso, porque la infancia no puede estar sometida a variaciones políticas.
El presidente del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Catalunya (Ceesc), Pepín de la Rosa, coincidió con Clupés en la "falta de autonomía" del procurador, y defendió la creación de un síndico de infancia --el actual es adjunto al de Greujes--.
La ley supone una mejora global "importantísima", apuntó De la Rosa en declaraciones a Europa Press, pero instó al Govern a garantizar su dotación económica "como una inversión": "Si no, sufriremos". Asimismo, instó a los diferentes profesionales a trabajar "desde la complementariedad, no desde la competencia", para proteger a la infancia.
La presidenta del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales (TSCAT), Núria Carrera, avanzó a Europa Press que harán un seguimiento "continuado" de los recursos técnicos y económicos que se destinan a los servicios sociales de los entes locales.
Carrera elogió la ley por reconocer por primera vez a los menores como sujetos de derecho --"no como la propiedad de alguien"--, y por tener en cuenta su capacidad de tomar "decisiones de autoprotección", en referencia a la posibilidad de impugnar resoluciones sobre su situación a partir de la adolescencia.
Asimismo, consideró "fundamental" que se limite el plazo de los padres biológicos para recurrir las resoluciones de desamparo y de preadopción con el objetivo de atajar la incertidumbre de los niños.
