Archivo - Imágenes del inicio de la atención a inmigrantes en sus trámites para la regularización en el Puerto del Almería. A 27 de abril de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea examinará una queja de Junts contra de la regulación extraordinaria de inmigrantes del Gobierno, que estudiará la dirección general de Migración y Asuntos de Interior para determinar si respetó las normas europeas.
En un comunicado de Junts, explican que en julio de 2026 ya expusieron ante la CE que el real decreto de regularización incumplía, a su parecer, diversas normas de la UE, y ahora les han respondido que el escrito se ha registrado como reclamación, que sus servicios lo examinarán y que les informarán de las conclusiones y las medidas que se adopten.
Pese a que Junts no cuestiona que el Gobierno pueda regularizar, sí protestan por cómo lo hicieron porque consideran que no avisaron a Europa; porque el texto aprobado anula las expulsiones en bloque; porque el asilo se convierte en un "atajo", y porque creen que se ignora la lengua del territorio.
"El Gobierno deberá rendir cuentas ante Bruselas", destacan los de Carles Puigdemont, que califican de parche la regularización extraordinaria y acusan al Gobierno de no tener ningún plan para integrar a las personas que ya viven en España.
También constatan que el Tribunal Supremo, en julio de este año, rechazó suspender cautelarmente el real decreto, como pedían la Comunidad Valenciana y Aragón, y decidió no consultar al Tribunal de Justicia de la UE, "pese a precisar que no lo haría 'en este momento procesal".
"Los recursos siguen abiertos, y un requerimiento de la Comisión a España daría al Supremo un motivo más para llevar el asunto a Luxemburgo", añaden.
CALENDARIO
Está previsto que la CE haga una primera valoración en los dos próximos meses y decida, en el plazo máximo de un año, si requiere explicaciones a España o archiva la queja; si necesitara más tiempo, deberá informar por escrito del estado de la situación.
Si Europa decide actuar, enviará a España un carta para emplazarla a dar explicaciones y, en caso de que no les convenzan, le tramitará un dictamen motivado con un plazo para corregir la situación, y si no lo hace, la CE puede demandar el país ante el TJUE.
"Una sentencia del TJUE declararía el incumplimiento, pero no anularía de por sí el real decreto: sería el Gobierno quién lo debería corregir. Y la queja no suspende los plazos ante los tribunales españoles", aclaran desde Junts.
