La Fiscalía acusa al Ayuntamiento de Barcelona de permitir la contaminación acústica de una sala de fiestas

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha presentado una querella contra el propietario de la sala de fiestas El Cangrejo, en el barrio del Raval de Barcelona, por contaminación acústica. Además, acusa a dos cargos municipales de permitir el ruido y no hacer nada hasta el pasado 14 de julio.

Según avanzó hoy 'El Periódico de Catalunya' y confirmaron a Europa Press fuentes de la Fiscalía, el fiscal de Medio Ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, cree que el gerente del distrito de Ciutat Vella, Jordi Parayre, y el jefe del Departamento de Licencias e Inspección, Joan Carles Talens, no procedieron con diligencia al cierre del local, que no tenía licencia de actividad.

La Fiscalía considera que los dos cargos "permitieron" la actividad ilegal de la sala y sólo ejecutaron la orden de cierre cuando tuvieron constancia de una denuncia de los vecinos y una investigación.

Eugenio Julián Bergés adquirió el bar-pub situado en el número 9 de la calle Montserrat en 2002 y lo convirtió "ilegalmente" en una sala de fiestas y espectáculos de transformismo. El local no tenía licencia de actividad y en abril de 2003 se le denegó expresamente.

Sin embargo, su propietario instaló "ilegalmente" un potente equipo de música y sonido que las noches de los jueves y los fines de semana perturbaba la vida y la "salud psíquica y física" de los vecinos. En 2005 estas familias denunciaron el local al distrito de Ciutat Vella, que abrió un expediente informativo.

En la inspección de la sala se comprobó la contaminación acústica y la falta de insonorización. Los técnicos propusieron hasta en dos ocasiones el cierre de El Cangrejo, pero los dos cargos querellados "no hicieron nada para que se cumpliera la legalidad e impedir la continuación de la actividad contaminante, consintiéndola, permitiéndola y tolerándola".

ACUSADOS DE PREVARICACIÓN.

Finalmente, el pasado 14 de julio el local fue precintado, aunque su propietario explicó que había instalado un limitador de ruido y tenía en marcha un proyecto de insonorización. La Fiscalía, sin embargo, presentó a finales de agosto la querella contra los dos cargos municipales y el propietario de El Cangrejo por un delito contra los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública y otro de prevaricación medioambiental.

Por su parte, un portavoz del distrito aseguró que habían actuado "siguiendo todos los pasos que se requieren en un expediente, precintando el local cuando se comprueba que está actuando contra la normativa".