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BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado a la Agència de l'Habitatge de Catalunya que sancione a la empresa que arrendó 18 infraviviendas en Badalona (Barcelona), según ha informado la fiscal de consumo de la Fiscalía Provincial de Barcelona, Paloma Pelegrín, en una atención a medios.
Pelegrín ha explicado que a raíz de una demanda del Ayuntamiento de Badalona se efectuó una intervención judicial para vaciar estos pisos, "infraviviendas de 15 metros cuadrados", en las que residían familias, algunas de ellas con menores de edad a su cargo.
La fiscal ha subrayado que se requirió al consistorio que ofreciera alternativas habitacionales a estas familias y que se dirigió a la Agència Catalana del Consum para pedir que se sancionara a la empresa que permitió estos arrendamientos.
Después de que Consum respondiera que no tenía la competencia para ello, el ministerio público hizo un primer requerimiento a la Agència de l'Habitatge de Catalunya que no fue atendido, y que han efectuado de nuevo hace ahora dos semanas.
INFRAVIVIENDAS
Después del desalojo, que se efectuó en octubre de 2024, el Ayuntamiento de Badalona explicó que en un local de la calle Sant Joan de la Creu, en el barrio de Sant Crist, se habían construido ilegalmente 18 "infraviviendas" de 15 metros cuadrados que se alquilaban a precios abusivos, de entre 350 y 650 euros.
Tal como ha confirmado la fiscal y como informó el Ayuntamiento, los espacios no tenían ventanas ni ventilación y no cumplían con la normativa vigente, con vías de evacuación deficientes, defectos en la instalación eléctrica y en las medidas antiincendios, lo que suponía un peligro para la integridad de los ocupantes.
Según informó el consistorio, en el lugar vivían entre 25 y 30 personas "en condiciones deplorables".
AVISO DE UN PARTICULAR
Los hechos salieron a la luz tras el aviso de un particular, que comunicó al consistorio que sospechaba que se habían hecho particiones ilegales y obras a escondidas en un local.
Con esta información, agentes de la Guàrdia Urbana de Badalona se presentaron para inspeccionarlo y descubrieron que había personas residiendo en él y que el titular del local era un propietario de varias viviendas en la ciudad que había alquilado estas infraviviendas ilegalmente a través de un agente de la propiedad inmobiliaria.
El Ayuntamiento aseguró que actuaría con la "máxima contundencia" contra el propietario y la comercializadora y recordó que por esta actividad ilegal las multas administrativas oscilan entre los 10 y los 15 millones de euros.