El Govern cancela 4.521 expedientes de la renta mínima tras el control de verano

Foto: EUROPA PRESS

El Govern ha concluido el proceso de control de los beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) iniciado en verano con la cancelación de 4.521 expedientes que no cumplían los criterios del programa.

   Así lo ha explicado a Europa Press el director general de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo, Xavier López, que ha señalado que esta ayuda, también conocida como Pirmi, "se había transformado en los últimos años en un salario social básico, cuando su finalidad original es la inserción social y laboral de personas en situación de desamparo total".

   De los 4.521 expedientes suspendidos, el 33% corresponden a la salida del país del beneficiario (que no se puede hacer sin comunicarlo), el 24,35% no se localizaron (lo que supone más de 1.100 personas), y en el 21,12% de los casos el receptor de la ayuda tenía ingresos superiores a lo estipulado.

   Otro 11,5% de los expedientes cancelados se debe a que el titular de la RMI no colaboró en el proceso de control, y el 9,6% a que dedicaba dinero a actividades que no son de subsistencia.

   López ha hecho hincapié en que el objetivo del control "no es perseguir a nadie; es dedicar el programa a quien realmente lo necesita".

   La revisión de los últimos meses más la gestión ordinaria de altas y bajas de esta ayuda ha supuesto que el número de expedientes haya pasado de 30.284 en diciembre de 2010 a 24.765 en el mismo mes de 2011, lo que supone una caída de 5.519.

   El número de ayudas empezó a crecer en 2008 por la crisis y alcanzó su máximo entre abril y mayo de 2011 con 33.722 expedientes, justo antes de que el Govern de Artur Mas decidiese reformar la normativa y realizar un control extraordinario para evitar fraudes.

   Para ello, envió 31.000 cheques en agosto a los domicilios de los titulares (con lo que se detectó que 3.500 habían cambiado de hogar sin notificarlo, aunque casi todos fueron localizados más tarde, excepto 300), y emitió 21.000 citaciones para pedir documentación y comprobar que se cumplían los requisitos para recibir la ayuda.

   La Generalitat ha presentado estos datos este viernes en el comité de seguimiento de la RMI que se reúne periódicamente.

FOCO EN LA INSERCIÓN EN 2012

   La reforma de la RMI incluía tres fases: el control presencial mediante el envío de cheques, la revisión de cada expediente y la activación de medidas de inserción.

   Tras completar las dos primeras, este año la Generalitat pondrá el foco en la tercera, con una dotación de 20 millones de euros para políticas activas de empleo para beneficiarios de la RMI.

   Además, los presupuestos de este año dedican 130 millones para el pago de la RMI, la misma cifra que el año pasado y 30 millones más que en 2010.

   Con datos liquidados, finalmente se destinaron 150 millones a la RMI en 2010 y 170 en 2011, aunque es previsible que este año el gasto baje por causas como los cambios de la ayuda introducidos en los presupuestos del año pasado, que impiden que la RMI supere el salario mínimo interprofesional (SMI) porque "desincentiva" la reinserción laboral.

   También influirá la reducción del número de expedientes, después de alcanzar su máximo en primavera de 2011.

   La nueva normativa también acaba con la duración ilimitada de la ayuda fijando un máximo de cinco años, salvo excepciones como ancianos y casos muy graves, entre otros.

   López ha destacado que se siguen dando altas de esta ayuda: 2.000 desde agosto hasta ahora, más otras 500 que aprobará ahora la comisión interdepartamental de la RMI (Empresa y Empleo, Bienestar Social y Familia, y Enseñanza).