El Govern defiende que la ley de contratos de servicios a las personas no privatizará servicios

Publicado 25/06/2019 13:15:46CET

Resalta que premia la calidad del contrato y tiene en cuenta la opinión del usuario

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido este martes que la ley de contratos de servicios a las personas, que se está abordando en ponencia parlamentaria, no provocará ni privatizar ni externalizar los servicios que ofrecen las administraciones catalanas, después de que haya sido criticada por la CUP y los comuns.

Fuentes del Govern han explicado que esta nueva ley quiere favorecer que se contrate con más calidad en los servicios de atención a las personas, dando peso a criterios no cuantitativos, y establecer herramientas para la rescisión de los contratos si no satisfacen a los usuarios.

Han resaltado que el precio no podrá tener un peso de más del 40% en los criterios de contratación; el 60% restante se centrará en valorar cuestiones como el grado de innovación de las empresas contratadas y el número de cuidadores por usuario: indicadores cualitativos, objetivos y medibles.

También se promoverán encuestas e inspecciones periódicas que permitan rescindir los contratos si el servicio ofrecido no satisface a los receptores, aunque se cumpla con los pliegos de contratación.

Las citadas fuentes han indicado que la ley impulsada por el Govern es pionera en el Estado, que da un paso más respecto a la Ley de Contratos del Sector Público, y que países como Suecia, Francia y Bélgica han desarrollado normas similares a la catalana.

RÉGIMEN ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Govern presentó esta ley en noviembre con el fin de establecer un régimen específico de contratación pública para los servicios de atención a las personas, como los servicios sociales, comunitarios y sanitarios, y aplicable a todos los poderes adjudicadores de Catalunya.

Según defendió el Ejecutivo, convenía regular este sector, y aseguró que el objetivo de la ley es que estos poderes adjudicadores prioricen "los criterios de calidad por encima de las puntuaciones económicas a la hora de elegir las entidades y empresas que prestan estos servicios".

Las consellerias de Salud, de Territorio y Sostenibilidad, y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias son los departamentos sobre los que recae una gran parte de los contratos que hace la Generalitat --alrededor del 60%-- y la mitad son de servicios.

CUP Y COMUNS

Las citadas fuentes del Govern critican que haya grupos como la CUP y los comuns que se opongan a esta ley, y piden responsabilidad a las diferentes formaciones para sacarla adelante, además de reprochar una "campaña de desinformación e intoxicación" que ven que se está promoviendo desde formaciones políticas y entidades sociales.

Han añadido que la CUP no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad y que no ha participado en la elaboración de la ley desde que está siendo tramitada; y ha afeado a los comuns que pidan paralizar la norma pero planteen ampliar en 20 ámbitos su aplicación en una enmienda --los diferentes grupos han presentado 207 enmiendas--.

Estas fuentes consideran que la ley se acabará aprobando entre septiembre y octubre, y que se hubiera hecho durante la legislatura anterior si no se hubiera intervenido la autonomía --la norma se empezó a debatir en 2016--.

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