El Govern pedirá a Cegos al menos 1 millón de indemmización por errores en las oposiciones

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha anunciado que el Govern pedirá "como mínimo 1 millón de euros" de indemnización a la empresa Cegos por incidencias que considera graves y muy graves al organizar las oposiciones del sábado.

"Entendemos que se intenta defender de los ataques, pero lo que pasó es injustificable", ha dicho este viernes sobre la empresa durante una comparecencia a petición propia en la Comsión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament.

La Generalitat iniciará un expediente para incluir compensaciones a los aspirantes por daños y perjuicios: "Nuestro objetivo es reparar la situación del sábado. Sabemos que no se puede reparar todo el daño", ha lamentado, y ha asegurado que ella es la primera disgustada.

Vilagrà ha asegurado que no se trata de una externalización de las oposiciones sino que se contrató a la empresa para labores logísticas y mecánicas, y ha justificado esta contratación por el número de procesos y de aspirantes y porque una parte del personal que normalmente asume la vigilancia de estos exámenes "eran aspirantes de estos procesos y miembros de los tribunales".

"CON UÑAS Y DIENTES"

Sobre la acusación de Cegos de incumplimientos por parte del Govern, la consellera ha asegurado que esta empresa está "en el ojo del huracán, se juega no trabajar nunca más con la administración y por eso se defiende con uñas y dientes", y ha destacado que la Generalitat cuenta con un informe jurídico que contempla la posibilidad de rescindir el contrato por incumplimiento de la empresa.

Ha concretado que se adjudicó a Cegos porque tenía experiencia de cinco años de especialización en organización de este tipo de procesos, y había trabajado para otras administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, el Metro de Valencia y diferentes hospitales, como los de Fuenlabrada y Alcorcón (Madrid).

"Había trabajado mucho para la administración y para administraciones catalanas", ha destacado Vilagrà, que ha detallado que la empresa debía encargarse de distribuir los cuadernillos y hojas de respuestas y los sobres, entregar las cajas de material, recoger las hojas de respuesta, la lectura óptica de las hojas de resultados y la vigilancia de los aspirantes.

Ha subrayado que el 27 de marzo la empresa ya sabía la distribución de las aulas y "estaban bien dimensionadas", y ha añadido que había aulas en las que los aspirantes estaban juntos, pero se había establecido que en esos casos hubiera un examen A y un examen B para evitar que alguien copiase y en algunas aulas solo se distribuyó un examen, ha afeado Vilagrà.

FALLOS DE VIGILANCIA

También ha argumentado que en marzo y abril se entregaron los exámenes en tiempo y forma a la empresa y se realizaron reuniones semanales con ellos, y ha asegurado que hubo fallos en la vigilancia y no en el proceso previo de organización: "Quiero dejarlo claro. La empresa se defiende porque las consecuencias son muy graves".

Ha reprochado que los representantes de PSC y Junts la hayan criticado por anunciar este jueves en rueda de prensa que se repetirán todos los exámenes, ya que asegura que su objetivo era comunicar cuanto antes la decisión a los aspirantes, y ha añadido que los grupos parlamentarios "tuvieron un correo electrónico" antes de su comparecencia en los medios.

"Quien hace cosas se puede equivocar, quien no las hace no se equivoca nunca", ha sostenido Vilagrà, que ha acusado a Junts de haber tenido responsabilidad en el ámbito de la contratación pública durante 10 años y solo convocaron 6.082 plazas en este periodo, según sus datos.

La consellera ha acusado a la CUP de hacer "mucha retórica y poco trabajo", y ha criticado que la diputada 'cupaire' no se haya quedado a escuchar su respuesta, y sobre las críticas por la contratación de una empresa, Vilagrà ha dicho que en los ayuntamientos gobernados por la CUP también externalizan servicios.

"OPERACIÓN DE MAQUILLAJE"

Marta Moreta (PSC) ha acusado al Govern de hacer "una operación de maquillaje que no se cree nadie y que es del todo ineficiente", ha dicho textualmente que la falta de capacidad de la consellera demuestra su incompetencia, y ha añadido que de momento no pedirán su dimisión, aunque considera que realmente se lo merece.

Desde Junts, Glòria Freixa ha criticado que el Ejecutivo catalán por "tirar pelotas fuera" y culpar a la empresa, se ha preguntado cuánto costará a la Generalitat si Cegos lleva esta cuestión a los tribunales y demuestra que los pliegos no eran claros, y ha sostenido que el descontrol del sábado se podría haber previsto días antes.

María Elisa García (Vox) ha afirmado que Vilagrà debe dimitir ya, porque no vale con culpar a la empresa, y también ha acusado a la consellera de utilizar de "cabeza de turco" a la ya exdirectora general de Función Pública, Marta Martorell, que fue cesada el martes tras las incidencias del sábado.

"Es hora de rectificar o marcharse", ha reclamado la diputada 'cupaire' Basha Changue, que ha calificado de inconexo el cese de Martorell, y también ha criticado que la Generalitat haya contratado una empresa que, según ella, a su vez ha subcontratado a otra para tener a personas que vigilaran las aulas.

NO EXTERNALIZAR MÁS PRUEBAS

Joan Carles Gallego (comuns) ha celebrado que el Govern haya actuado "con celeridad" para solucionar el problema, y ha asegurado que la responsabilidad política no pasa por discutir si debe haber más dimisiones, sino que considera que debe haber un compromiso de la Generalitat de no externalizar la organización de este tipo de procesos.

El diputado de Cs Nacho Martín Blanco ha calificado de electoralista que en 2023 la Generalitat haya convocado estos 72 procesos de estabilización de funcionarios con los comicios municipales en el calendario, y ha tachado de precipitado el proceso, tras lo que ha pedido que el Govern asuma responsabilidades porque cree este episodio "perjudica la imagen" de Catalunya.

El diputado republicano Jordi Albert ha defendido que el Govern "ha actuado de forma diligente y muy responsable", también ha puesto en valor la celeridad a la hora de tomar decisiones y comunicarlas a los afectados, y ha destacado que el Ejecutivo catalán ha tenido en cuenta a los representantes de los trabajadores públicos.