Inicia un procedimiento negociado para adjudicar los túneles de Vallvidrera y Cadí
BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La mesa de contratación de la concesión de los túneles de Tabasa y Cadí se ha reunido este jueves para analizar la oferta que presentó Infraestructuras Viarias de Catalunya (Invicat), filial de Abertis, para hacerse con la gestión de estas infraestructuras y la ha rechazado al considerar que "no cumple las condiciones fijadas en el contrato de gestión".
Según ha informado la Conselleria de Economía y Conocimiento de la Generalitat, el Govern ha decidido declarar desierto el concurso para la gestión, conservación y explotación de los túneles de Vallvidrera y sus accesos (C-16, en el tramo entre Barcelona y Sant Cugat del Vallès), y los de Túnel del Cadí y sus accesos (C-162 en el tramo comprendido entre Riu de Cerdanya y Fontanals de Cerdanya; y la GIV-4082 en el tramo municipal de Alp).
El Govern abrió este martes la oferta de Abertis, un documento de un centenar de páginas que no contenía una cifra económica, si bien los pliegos del contrato del Govern contemplaban una operación de 430 millones de euros con una duración de 25 años.
Tras estudiar en profundidad este documento, la mesa de contratación ha decidido iniciar un procedimiento negociado para obtener la "máxima rentabilidad de la concesión" en el que se mantendrán las condiciones esenciales del concurso anterior, y en los próximos días se invitará a participar a las empresas que mostraron interés por el concurso, si bien sólo Abertis, a través de Invicat, optó a la adjudicación.
Abertis presentó en septiembre una manifestación de interés que estaba condicionada a reunir la financiación necesaria, conseguir un socio financiero y que el proyecto tenga los criterios de rentabilidad que exige el grupo presidido por Salvador Alemany.
A pesar de este cambio de planes, el Govern mantiene su objetivo de adjudicar el contrato antes del 31 de diciembre en su estrategia de simplificar el sector público para reducir el déficit y equilibrar las finanzas de la Generalitat, y según los pliegos del contrato, el Govern cede la explotación de estas infraestructuras, pero mantiene su propiedad y el servicio continuará siendo público.
