Los impulsores de la ILP sobre renta de ciudadanía urgen a que se apruebe esta legislatura

   BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de creación de una renta garantizada de ciudadanía han pedido este martes que la proposición de ley se apruebe esta legislatura, y han recordado a los diputados que se trata de un derecho recogido en el Estatut.

   En la comisión de Bienestar del Parlament, que ha celebrado este martes su última sesión de comparecencias sobre esta renta, un integrante de la comisión promotora de la ILP, Diosdado Toledano, ha reprochado que las comparecencias se podían haber acabado el año pasado y estar ya aprobada si se hubiera seguido el ritmo del último mes, por lo que ha solicitado a los diputados continuar así en el debate de ponencia y aprobarla antes de final de legislatura: "Es posible".

   Toledano ha subrayado que no es una reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI), ha remarcado que la mayoría de comparecencias han sido "un clamor" para su aprobación y ha advertido de que si no se respeta su concepción en el trámite parlamentario pueden retirarla, por lo que ha pedido complicidad.

   Ha fijado como 'líneas rojas' su carácter individual y familiar --no solo familiar como la RMI--, que no tenga un carácter condicionado aunque sí obligaciones y la suficiencia de la renta que viene indicada por el Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC).

   Otro integrante de la comisión promotora de la ILP Sixte Garganté ha asegurado que ahora en ponencia se pueden discutir márgenes, pero lo que no lo es que "el Parlament lleve nueve años sin desplegar por ley un derecho estatutario".

   Garganté ha asegurado que esta renta es un "paso adelante", y ha lamentado que el Govern no haya llevado a cabo todavía su compromiso de tener listo un mapa de prestaciones.

   Cristina Sanclemente, representante de las entidades de iniciativa social colaboradoras del programa interdepartamental de la RMI en el comité de seguimiento, ha remarcado que la RMI "no da respuesta a la situación de pobreza; es una mala paga".

   Ha visto necesaria una renta garantizada de ciudadanía, pero no como única medida, y ha abogado por una ordenación de prestaciones y simplificación de la gestión.

   El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha incidido en el carácter de derecho subjetivo de la iniciativa como herramienta eficaz para la inclusión social, por lo que ha considerado que es básico el compromiso de los poderes públicos responsables de priorizar este gasto y dotarla del presupuesto eficiente.

   Ribó ha aplaudido que en el universo de beneficiarios no se discrimine en función de la causa de necesidad, ha pedido clarificar los requisitos de acceso y las competencias de las diversas administraciones implicadas y estudiar la posibilidad de vincular el derecho a la prestación a un compromiso por parte de la persona de llevar a cabo acciones de inclusión social adecuadas a cada situación concreta.

LEY PARA UN ESTADO

   Por su parte, el director general de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo de la Generalitat, Xavier López, ha asegurado que una ley pensada "para un Estado" que tiene todas las competencias, y ha subrayado el incremento de presupuesto de la RMI para este año.

   López ha sostenido que esta renta garantizada de ciudadanía ha de tener unas contrapartidas para "no desincentivar" a quien lo reciba si, como plantea la proposición, no hay mucha diferencia entre salario mínimo y el subsidio.

   Por su parte, el representante de Foment del Treball Nacional Rafael Ruano no ve viable esta renta tal como está actualmente planteada, ha lamentado su falta de presupuesto y ha considerado que una equiparación de una renta con el salario mínimo "es una buena forma para desincentivar la búsqueda de trabajo".

   La diputada Núria Parlon, en calidad de representante de la FMC en el comité de seguimiento de la RMI, ha replicado a López de que "no es cuestión de tener un Estado, si no de tener buenos gobiernos", aunque ha admitido que, tal como está la proposición en la actualidad, el Govern no la podrá asumir económicamente.