Archivo - El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, declara tras conocer la decisión de la justicia alemana de poner en libertad a Carles Puigdemont - EUROPA PRESS - Archivo
BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, ha sido imputada por cuarta vez por el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona por presunto espionaje a través del programa Pegasus al abogado Andreu Van den Eynde, letrado entre otros del actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, informan fuentes judiciales a Europa Press.
Según ha anunciado este martes Irídia en un comunicado, entidad de defensa de los Derechos Humanos que lleva la acusación de Van den Eynde, la jueza también ha imputado a 3 directivos del entramado empresarial NSO (distribuidor del programa-software Pegasus), así como a la misma empresa.
Esta es la cuarta vez que Esteban es formalmente investigada por un juzgado por el espionaje a independentistas catalanes, que se destapó en la investigación 'Catalangate' con unos de 65 afectados, espiados entre los años 2017 al 2020.
Desde Irídia explican que esta causa es la única en la que se investiga tanto a una exrresponsable de los servicios de inteligencia de un Estado como a los altos cargos de la empresa desarrolladora de Pegasus.
"ATAQUE DIRECTO" A LA DEMOCRACIA
"Esta decisión abre la puerta a una nueva oportunidad para la desclasificación de información, un proceso que depende del Consejo de Ministros y que ha estado, en la mayoría de casos, bloqueado por la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968", indican desde el colectivo.
Además, añaden que el uso de Pegasus contra representantes de la sociedad civil y otros actores políticos, como abogados, constituye un "ataque directo" al Estado de derecho y a la democracia, y que con este espionaje se vulneran los derechos humanos, con impactos individuales y colectivos.
Cabe destacar que Paz Esteban ya fue imputada por el presunto espionaje al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el programa Pegasus y que declaró como investigada en enero del año pasado ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona sobre los documentos desclasificados por el Gobierno.