Rueda de prensa de Irídia al presentar el 'Informe sobre violencia institucional 2020'. En Barcelona el 23 de marzo de 2021. - IRÍDIA
BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
La codirectora del Centre per la Defensa dels Drets Humans - Irídia, Anas Franquesa, ha criticado este martes que la declaración del estado de alarma al inicio del confinamiento por el coronavirus supuso una "ampliación de los poderes discrecionales de los cuerpos de seguridad, que ha hecho aumentar los casos de violencia institucional".
"La gestión de la pandemia emite una visión punitivista e infantilizadora", ha afirmado al presentar el 'Informe 2020 sobre violencia institucional' junto al codirector del centro Andrés García Berrio, las abogadas Marta Bolinches y Marta Valldaura, la coordinadora del área psicosocial de Irídia, Elisenda Pradell; y la activista de Tanquem els CIE Nati Oliveira.
Ha señalado que durante los tres primeros meses de estado de alarma se pusieron más de un millón de multas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, principalmente por desobediencia a agentes, y ha explicado que en 2020 han recibido 41 denuncias de violencia institucional en el espacio público, 18 estrictamente vinculadas al Covid-19 y las restricciones.
"Hay casos especialmente graves que tienen relación con entradas a domicilios privados sin que hayamos tenido acceso a órdenes judiciales que lo permitiesen", y ha remarcado un caso de la madrugada del 18 de abril, cuando seis agentes de la Guardia Urbana ahora investigados por un juez pidieron a un hombre salir de su piso e identificarse.
Los policías le quitaron el móvil que llevaba en la mano, le golpearon y perdió el conocimiento, y se despertó detenido "con el cuerpo lleno de golpes y contusiones, adolecido, con la pierna izquierda inflamada y sin poder moverla, las muñecas también inflamadas y habiéndose orinado y defecado encima, sintiéndose fuertemente humillado", recoge el informe que Irídia ha presentado este martes.
El codirector de Irídia, Andrés García Berrio, ha señalado que, en este caso, no se infringían las restricciones por el Covid-19 porque no había ninguna fiesta ni reunión en el piso, por lo que ha sostenido que no estaba justificada la entrada al domicilio, y ha concluido que a raíz del estado de alarma "los cuerpos y fuerzas de seguridad se han visto con más oportunidades o legitimados para llevar a cabo intervenciones que no se entienden".