El juez cierra la instrucción del caso Adigsa y mantiene a siete imputados por cobro de comisiones

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 3 de Barcelona ha cerrado la instrucción del caso Adigsa, la empresa pública de la Generalitat para promover vivienda social, y mantiene la imputación de siete personas, entre ellas exaltos cargos de la institución, por cobrar comisiones de constructores y falsificar documentos, según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press.

La instrucción se cierra nueve años después y dejando fuera al diputado de CiU Ferran Falcó, entonces presidente de Adigsa, ya que la causa contra él fue sobreseída por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según publican 'El País' y 'El Periódico'.

Para el Juzgado existen "indicios racionales de criminalidad" por parte del entonces consejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fondevila, el exdirector técnico Jordi Huguet, el exresponsable económico Xavier Sala, la persona sobre la que pivotan los hechos: José María Penin Manero, además de tres constructores.

Según el auto de procedimiento abreviado, previo a la apertura del juicio oral, los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación de funcionario público y falsedad de documento oficial y mercantil.

La labor teórica de Penin era tasar inmuebles y estudiar la viabilidad económica de los proyectos para rehabilitar fincas para hacer vivienda social dentro del Plan Joven de la Generalitat, pero en realidad se encargaba de entregar los proyectos a constructores de su confianza sin ningún concurso a cambio de comisiones.

"Cuando las obras se estaban acabando o cuando ya estaban acabadas se hacía toda la documentación del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal", prosigue el texto.

Así, José María Penin obtuvo presuntamente "fondos públicos en su irregular labor como tasador e intermediario de Adigsa directamente por tasaciones no realizadas o por comisiones cobradas a algún contratista por haberle encargado obras".

Para el juez, "con la finalidad de que el proyecto siguiera adelante y conseguir beneficios electorales tuvo que darse por los responsables de la administración de Adigsa apariencia de legalidad a la actuación que llevaba a cabo José María Penin", por lo que se crearon a posteriori expedientes de forma ficticia.