Creen que medidas del TC ante la Cámara catalana restringen el derecho de participación política
BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los letrados del Parlament sostienen en las alegaciones contra la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la resolución tras la sentencia del 1-O que el TC debería "actuar con más prudencia y evitar el uso del incidente de ejecución cuando realmente no es necesario" para no amplificar el conflicto.
Las alegaciones, consultadas por Europa Press, resaltan que el contexto actual es distinto al de la legislatura anterior y que no se puede tratar al Parlament bajo una regla de excepcionalidad que cree que comporta efectos indeseables: "El TC debería ser el primer interesado en ello para no amplificar innecesariamente un conflicto".
Solicitan que se inadmita o desestime el incidente de ejecución contra los acuerdos de la Mesa del 22 y 29 de octubre --cuando se tramitó la resolución de JxCat, ERC y la CUP, y cuando se rechazaron las peticiones de reconsideración de PSC, Cs y PP--, y que el TC deje sin efecto "los requerimientos y advertencias" al presidente del Parlament, Roger Torrent; al resto de miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara catalana, Xavier Muro.
Advierten de que el TC no debería adoptar ninguna "medida restrictiva por el hecho de que lo solicite el Gobierno sin valorar" las circunstancias del caso y que el tribunal hace un uso inapropiado del incidente de ejecución, que cree que representa un problema de constitucionalidad porque restringe el derecho de participación política.
"El Tribunal ha construido una doctrina general que afecta ahora a todos los Parlamentos y que traslada a sus mesas una carga desproporcionada y potencialmente peligrosa con relación a las garantías" del derecho a la participación política, según las alegaciones, firmadas por el letrado Antoni Bayona, que rechaza la 'juridificación' de un acto parlamentario político con efectos jurídicos de alcance limitado.
Utilizar el deber de cumplimiento y el incidente de ejecución como elementos disuasorios que impidan tramitar actos parlamentario y considerar un incumplimiento que un parlamento exprese una declaración de voluntad política "parece notoriamente exagerado y muy poco razonable", según el letrado, que cree que la línea roja debería situarse en actos que vayan más allá de expresar voluntades políticas, algo que cree que no ha hecho el Parlament.
IMPEDIR DEBATES
Así, cree que la inconstitucionalidad de la resolución que aprobó el Parlament en 2015 tras las elecciones catalanas sobre el proceso independentista "no puede impedir 'pro futuro' que el Parlament pueda volver a debatir sobre el derecho de autodeterminación o la soberanía popular", conceptos que defendía la resolución contra la sentencia, que reiteraba también su rechazo a la monarquía.
Las alegaciones, que recuerdan la resolución de mayo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el pleno suspendido el 9 de octubre de 2017, ven como "un verdadero despropósito y una exageración pretender que, además del sometimiento a un exorbitante régimen de excepción a la Mesa del Parlament, pueda plantearse la exigencia de responsabilidad penal de sus miembros".
Sostiene que los tribunales como el TC deben hacer un uso proporcional de su poder, especialmente ante las instituciones parlamentarias, y avisa de que el ejercicio de su papel como garante de la Constitución "no puede ser impuesto 'manu militari' mediante el uso innecesario y exorbitante de las medidas de ejecución, medidas que deberían quedar reservadas para situaciones verdaderamente excepcionales".
Afirma que estas medidas son incompatibles con el derecho de participación política, la libertad de expresión y el derecho de reunión, y que "el cerco jurídico al funcionamiento del Parlament es verdaderamente excepcional", porque ya no se plantea anular un nuevo acto parlamentario, sino impedir que sea tramitado y aprobado.
