La nueva ley catalana del taxi inicia la tramitación parlamentaria para que entre en vigor en 2026

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El texto inicial de la nueva ley del taxi de Catalunya se ha registrado este jueves en el Parlament, lo que representa el punto de partida de su tramitación parlamentaria para que pueda entrar en vigor, si todo va según lo previsto, en 2026.

Lo han explicado en rueda de prensa los diputados Jose Ignacio Aparicio (PSC), Salvador Vergés (Junts), Jordi Albert i Caballero (ERC), Lluís Mijoler (Comuns) y Laure Vega (CUP), en representación de los partidos que han registrado el proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas, que es el nombre oficial que recibe la normativa.

Así, la nueva normativa pretende ordenar el sector y establecer funciones en cada tipo de servicio: taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad con una función similar a los VTC clásicos.

Da mucho más peso al taxi, considerándolo un servicio estructural para complementar el transporte público, con un régimen tarifario oficial fijado por las administraciones competentes y con la obligación de no rechazar el servicio excepto por motivos justificados.

Por contra, la nueva normativa comportará la desaparición progresiva de los VTC al no renovar las licencias que irán caducando y solo otorgar nuevos permisos temporales en caso de que los taxistas no puedan atender la demanda de los usuarios.

CINCO GRUPOS POLÍTICOS

Aparicio (PSC), que ha puesto en valor que se hayan unido cinco grupos parlamentarios para poder registrar la ley, ha asegurado que la normativa ordena un sector que es de "interés general" y ha reivindicado el sistema informático que se creará para controlar el funcionamiento del sector.

Desde Junts, Vergés ha avanzado que hay algunas cuestiones del texto que "no ven claras", aunque ha explicado que prefieren negociarlas desde dentro para acompañar a los actuales trabajadores de las VTC y aportar suficiente seguridad jurídica al sector.

Albert ha defendido que desde ERC se sienten "padres y madres" de la normativa, que empezaron a trabajar cuando ocupaban la presidencia de la Generalitat durante la anterior legislatura, y ha valorado que es clave ordenar un sector como el del taxi.

Por su parte, Mijoler (Comuns) ha señalado que se trata de una regulación "estratégica" para las zonas rurales, donde en muchas ocasiones la alternativa al vehículo privado es el taxi.

Finalmente, Vega (CUP) ha celebrado que la ley reconoce la lucha de los taxistas y que se posiciona como una herramienta para "luchar contra la economía de la plataforma", que en algunos casos no respeta los derechos laborales de los trabajadores.

TITO ÁLVAREZ (ÉLITE TAXI)

En la rueda de prensa también ha participado el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, que ha celebrado que se trata de una ley "pionera en todo el mundo" que se ha logrado gracias a las movilizaciones constantes de los taxistas y al diálogo con los grupos parlamentarios.

Asimismo, ha defendido que no quiere que nadie se quede sin trabajo, al contrario, sino que aboga por que los conductores de VTC se conviertan en taxistas y trabajen bajo la misma regulación en un sector que ha definido como "digno", seguro y que respeta las condiciones laborales.

Ante la ausencia de PP, Vox y Aliança Catalana en el registro de la ley, Álvarez ha criticado que PP y Vox son enemigos del taxi: "Solo hay que ir a Madrid y ver la selva que hay ahí", ha dicho en referencia a las políticas hacia el sector implementadas por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la ciudad.

NIVEL MÍNIMO DE CATALÁN

Pese al consenso generalizado sobre la normativa, una de las medidas que despierta discrepancias en los grupos parlamentarios es que el proyecto de ley contempla exigir el nivel B1 de catalán para los nuevos conductores, una acreditación que los diputados de Junts y ERC intentarán, a través de enmiendas parlamentarias, que suba hasta el nivel B2.

Como contrarios a la subida del nivel hasta el B2, Mijoler (Comuns) ha defendido que "no es tan importante cuál sea el nivel que se pida", sino que existan los recursos suficientes para implementar la normativa, mientras que Aparicio (PSC) ha valorado que con un nivel de catalán hablado (B1) ya es suficiente.

Tras el registro, la ley tendrá que ser tramitada por la mesa, superar el debate a la totalidad del Parlament y pasar por la comisión de Territorio, para que finalmente sea aprobada por el pleno.