L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los padres de David Díaz, un joven discapacitado español fallecido en mayo de 2011 en una cárcel de Argentina, han creado una plataforma para pedir medidas legales que protejan a las personas con discapacidad intelectual como la creación de una base de datos o el endurecimiento de las penas para los que se aprovechan de los enfermos para hacerlos delinquir.
A principios de 2011, el joven, de 19 años y con una discapacidad intelectual del 49%, se fue a vivir a Lleida con su novia y en el mes de mayo se desplazó en avión a Sudamérica, donde unos días después fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires acusado de llevar cocaína.
Fue trasladado a la unidad penal psiquiátrica del Hospital Borda el 30 de mayo por la noche donde a las pocas horas fallecía asfixiado después de que otro interno provocara un incendio.
Los padres del joven, residentes en Huesca y originarios de L'Hospitalet de Llobregat, sospechan que el joven fue engañado para que transportara la droga a España y han denunciado el caso a las autoridades argentinas poniendo en cuestión la seguridad en el hospital donde el joven fue recluido.
Tras este trágico suceso, han creado la plataforma 'Justicia para David' --que este viernes organiza una concentración ante el Ayuntamiento de L'Hospitalet a las 19 horas-- "para evitar que vuelva a suceder un caso así y para que se proteja a los discapacitados intelectuales, sobre todo en decisiones que pueden poner en peligro su integridad", relata Roser Ríos, la madre del joven.
La plataforma propone la creación de una base de datos que detecte a las personas con discapacidad intelectual y que, bajo orden judicial, se les pueda denegar la autorización para tomar determinadas decisiones críticas como salir al extranjero o mover grandes cantidades de dinero con el objetivo de protegerlos de grupos organizados que se puedan aprovechar de su discapacidad.
Además, reclama el endurecimiento de las penas a las personas que manipulan a discapacitados para cometer acciones delictivas, y una mayor protección del discapacitado durante el proceso judicial que algunas familias inician para asumir su tutela legal cuando es mayor de edad.
En el caso de este joven, sus padres iniciaron los trámites "un mes antes de que cumpliera los 18 años" y todavía estaba en marcha en el momento de su muerte y "mientras sigue el proceso, no hay protección y el discapacitado puede hacer lo que quiera, sacar un billete de avión e irse, que nadie se entera, y hay discapacitados intelectuales que funcionan muy bien por sí mismos, pero hay otros que no", lamenta la madre.
