El Parlament convalida el decreto de pisos turísticos tras el acuerdo PSC-ERC para modificarlo

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el decreto del Govern de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico, tras el acuerdo alcanzado entre PSC-Units y ERC para tramitarlo como proyecto de ley y modificarlo a través de enmiendas.

El decreto ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, CUP y los comuns, y el voto en contra de Junts, Vox, Cs y PP, mientras que la tramitación como proyecto de ley ha prosperado gracias a los votos de PSC, ERC, Junts, Vox, Cs y PP y el 'no' de CUP y comuns.

El PSC ha acordado con el Govern de ERC que el nuevo decreto establezca un régimen de licencia previa para pisos turísticos que será obligatoria en los 140 municipios del mercado tensionado, en vez de los 262 que prevé el texto actual.

El acuerdo también recoge que los ayuntamientos podrán decidir el número máximo de viviendas de uso turístico en función de su modelo turístico, por lo cual se elimina el tope establecido por el Govern de 10 viviendas por cada 100.000 habitantes, y el resto de municipios lo podrá decidir también si así lo considera necesario.

CAPELLA CRITICA LAS MODIFICACIONES

La consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha explicado que el Govern ha acordado con el PSC tramitar el decreto como proyecto de ley, con modificaciones que asegura que no son del agrado del Ejecutivo catalán, por lo que ha sostenido que trabajarán para que en la tramitación del proyecto de ley, el texto vuelva "de donde no debería haber salido".

El diputado del PSC, scar Ordeig, ha reclamado a Capella aclarar si cumplirá el acuerdo para tramitarlo como proyecto de ley y modificar el decreto: "Hemos entendido que la consellera decía que había un acuerdo, pero que trabajarían para volver al texto original", y ha añadido que los acuerdos son dificultosos, pero hay que defenderlos y respetarlos, ha reclamado.

Joan Canadell (Junts) ha criticado que el decreto del Govern no resuelve el problema de la vivienda, considera que pone en riesgo la actividad económica de municipios que viven del turismo, afecta a la autonomía municipal y crea inseguridad jurídica: "El Salvador (Illa) lo salvará, salvará el enésimo desastre político", ha lamentado en alusión al acuerdo de ERC y PSC para tramitarlo como proyecto de ley.

Desde la CUP, Montserrat Vinyets ha celebrado que se dicte el decreto porque son conscientes, ha dicho, de "la presión del 'lobby' del sector que ha sufrido el departamento" de Territorio, aunque ha señalado que intentarán que no se rebajen los términos del texto e incluso que limiten aún más los pisos turísticos.

"CORRESPONDE AL ESTADO"

La diputada de Vox, Isabel Lázaro, ha asegurado que es necesaria una regulación de los pisos turísticos, pero que le corresponde al Estado hacerlo, y ha acusado al Govern de culpar del problema "a las personas físicas y jurídicas que para salir adelante han invertido su capital" en esta actividad económica.

Susanna Segovia (comuns) ha reclamado a los grupos parlamentarios responsabilidad para hacer las modificaciones necesarias poniendo por delante la defensa del derecho a la vivienda, y ha criticado que PSC y Junts se escuden en la autonomía municipal para criticar el decreto: "Tal vez recibir la carta de Airbnb que recibimos todos los grupos parlamentarios un poco de peso también tiene".

Joan Garcia (Cs) ha acusado a la consellera de hacer un "discurso ortodoxo de turismofobia", ha criticado que el Govern defienda, según él, que la situación de crisis de precios de la vivienda sea culpa del sector turístico, que ha instado a no criminalizar, en sus palabras, y ha cuestionado que el Decreto dé seguridad a los propietarios.

El popular Daniel Serrano ha sostenido que el PP estudiará la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ya que considera que este decreto "limita el derecho de propiedad sin indemnizar a los afectados, lo que suscita dudas sobre su constitucionalidad".

El diputado de ERC, Pau Morales, ha acusado a Junts de alinearse con los intereses privados "al lado de la extrema derecha y de la derecha extrema" y ha asegurado que la política de vivienda del Govern necesita tiempo y recursos para dar sus frutos, pero que es real y prioritaria y ya está en marcha, en sus palabras.