El Parlament reclama un modelo de financiación "justo y singular" que cumpla con la ordinalidad

BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este jueves una propuesta de resolución de ERC que reclama aprobar inmediatamente el nuevo modelo de financiación que sea "más justo y singular" y que cumpla con el principio de ordinalidad en relación con Catalunya.

La propuesta, que también pide "abrir la puerta a una participación directa en el IVA para financiar las competencias propias", se ha aprobado en el pleno en el marco del debate monográfico sobre la crisis del ascensor social, con los votos a favor de ERC, PSC-Units y Comuns, y los votos en contra de Junts, PP, Vox, CUP y AC.

El pleno también ha aprobado otra iniciativa de los Comuns que reclama una financiación justa y singular y reforzar la Agència Tributària de Catalunya, así como otro punto presentado por el PSC-Units que defiende el nuevo modelo de financiación "basado en la autonomía financiera, la coordinación, la solidaridad y la transparencia en las relaciones fiscales y financieras entre las administraciones públicas".

Sin embargo, la cámara ha rechazado la propuesta de Junts que reclama que el Govern negocie un sistema de financiación "en forma de concierto económico, que se aplique en Catalunya mediante una ley específica que regule el funcionamiento, fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)".

Sí que ha prosperado otro punto de las propuestas de ERC que pide habilitar a la Generalitat para gestionar y recaudar el IRPF, así como impulsar un consorcio para las inversiones que permita "garantizar que las inversiones del Estado español en Catalunya se realizan, poniendo fin a la infraejecución".

INMIGRACIÓN

Ha salido adelante la propuesta de Junts que reclama al Govern que exija el traspaso de las competencias de inmigración, y apuesta por "vincular la planificación de los flujos de entrada a las necesidades laborales y a la capacidad efectiva de acogida del país".

No obstante, ha decaído la iniciativa de los populares que criticaba la política migratoria del Gobierno central y el proceso de regularización de inmigrantes, que ha calificado de peligroso, masivo y considera que "está y continuará generando un efecto llamada".

SALARIO MÍNIMO CATALÁN

La Cámara ha aprobado un punto de ERC que considera necesario incrementar el Salario Mínimo catalán hasta situarlo en un 60% del salario medio en Catalunya, así como instar al Gobierno a impulsar las modificaciones normativas necesarias que la Generalitat pueda establecer el importe.

Por otro lado, ha decaído la petición de Junts de "promover salarios mínimos homologables a los estándares europeos mediante un salario mínimo de referencia catalán cercano a los 1.400 euros mensuales" y de negociar con el Gobierno el traspaso de la competencia de fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) catalán propio.

También se ha rechazado un punto de la CUP que pedía "profundizar en la progresividad de los impuestos, garantizando efectivamente el traspaso de la riqueza de las rentas más altas a las rentas más bajas mediante el establecimiento de un salario mínimo catalán de acuerdo con el coste de vida y en un mínimo del 60% del salario medio".

FISCALIDAD

El hemiciclo ha aprobado una propuesta del PSC-Units que defiende un sistema fiscal "más justo y progresivo en el que pague quien más gana, más tiene, más contamina, los grandes emisores y quien más hereda", y manteniendo los impuestos cedidos de sucesiones y patrimonio.

La Cámara también ha avalado un punto en que los Comuns han pedido que se impulse a nivel estatal un impuesto del 2% sobre grandes patrimonios, "con una recaudación estimada de 5.200 millones de euros anuales, con la finalidad de poner fin a los privilegios fiscales de los ultrarricos" y destinar la recaudación a una prestación universal por crianza.

También se ha aprobado la propuesta de los republicanos que defiende "avanzar hacia un modelo en que la Generalitat de Catalunya pueda recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos generados en Catalunya, como mecanismo para subsanar el déficit fiscal estructural".

Sin embargo, el pleno ha rechazado las propuestas de Junts para deflactar el IRPF y para "reducir de manera estructural la fiscalidad sobre la transmisión del patrimonio familiar" y bonificaciones del 99% de los impuestos de sucesiones y donaciones dinerarias, así como una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales.

Tampoco han prosperado las medidas planteadas por el PP para reducir hasta un 4% el impuestos sobre transmisiones patrimoniales y para establecer un sistema de incentivos fiscales en el tramo autonómico del IRPF para propietarios de pisos en alquiler a precios asequibles.

El hemiciclo ha rechazado la propuesta de los 'cupaires' que defendía una subida de impuestos a las rentas más altas, mediante aumentos en los tramos más altos del impuesto de patrimonio, el incremento del tipo impositivo de sucesiones a partir de 1 millón de euros, e introducir un nuevo tramo en el IRPF con el percentil de renta más alta, así como fijar un "salario máximo" y aumentar el impuesto de transmisiones.

VIVIENDA

El pleno ha dado luz verde a una propuesta de ERC que pide "sacar la vivienda de la lógica del mercado" y desplegar mecanismos de control y sanción efectivos contra los incumplimientos de la limitación de precio de los alquileres y la regulación de las viviendas de uso turísticos y del alquiler de temporada y de habitaciones, especialmente por grandes tenedores.

Sin embargo, ha rechazado la propuesta de los de Carles Puigdemont que reclama "el traspaso inmediato a la Generalitat de la titularidad de los bienes inmuebles en territorio catalán que son propiedad del SEPES -anteriormente SAREB-" y que defiende la activación de suelo y la colaboración público-privada para incrementar la oferta de vivienda asequible.

Finalmente, tampoco ha salido adelante la iniciativa de Junts que insta al Govern a negociar y obtener "el traspaso de todas las infraestructuras de movilidad en territorio catalán que aún son, parcial o íntegramente, de titularidad estatal", entre las que incluyen puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles.