Calcula que 10.500 personas no la cobran pese a cumplir con los requisitos
BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El PSC ha registrado en el Parlament una proposición de ley para deshacer la reforma de la Renta Mínima de Inserción (RMI) llevada a cabo por el Govern en agosto de 2011 y devolver "el carácter universal" a la prestación para que puedan cobrarla las 10.500 personas que, según sus cálculos, no la están recibiendo pese a cumplir los requisitos necesarios.
En rueda de prensa, la responsable de asuntos sociales de los socialistas catalanes y diputada en el Parlament, Eva Granados, ha defendido que la propuesta del PSC va a dirigida a ayudar aquellas personas muy necesitadas "que el Govern está dejando en la estacada".
La propuesta del PSC deja sin efecto gran parte de los cambios realizados por el Govern en agosto de 2011 y en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2012 aprobada gracias a la abstención del PP.
Granados ha defendido que la propuesta socialista devuelve a la RMI -popularmente conocida como Pirmi-- el carácter universal, después de que, según ha dicho, la reforma del Govern excluyese a aquellas personas que, habiendo agotado la prestación de desempleo, no acreditasen "dificultades de inserción laboral o social añadidas".
La proposición de ley presentada por el PSC elimina también el precepto que impide a los perceptores de la RMI cobrar otras prestaciones públicas, y voltea el efecto del silencio administrativo durante cuatro meses: si antes no obtener respuesta a la solicitud suponía quedarse sin prestación, ahora implicará recibirla.
Además, el PSC devuelve varias de las restricciones para cobrar la ayuda a la situación anterior a la reforma del Govern.
Así, reduce de dos a un año el tiempo de residencia continuada en Catalunya para poder adquirir la ayuda, baja de 12 a seis los meses que debe pasar una persona sin recursos económicos para cubrir las prestaciones básicas para poder acceder a la ayuda, y de cuatro a dos meses el plazo de la Generalitat para pronunciarse sobre cada expediente.
Los socialistas catalanes apuestan también por que la revalorización de la prestación se haga en relación con el IPC anual, y no "atendiendo a la evolución económica general" mediante los presupuestos de la Generalitat, y establecen que no pueden producirse atrasos superiores a un mes en el pago de la ayuda.
"PROPUESTA REALISTA"
"Es una propuesta que consideramos realista y garantista de lo que creemos no debió dejar nunca de ser un derecho de la ciudadanía", ha defendido Granados, que ha lamentado el déficit social y el índice de paro de Catalunya.
La diputada socialista ha cifrado en 250 millones de euros el coste de aplicar la proposición de ley, aunque ha defendido que dejar sin prestación a las 10.500 personas que cumplen los requisitos y no la están percibiendo también supone un alto coste.
"Eso supone el 0,6% del presupuesto de la Generalitat y estamos hablando de la red del último recurso, de que quien cae de esta red no tiene nada más", ha zanjado.
