BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal ha interpuesto una querella contra el propietario de un bar nocturno en los bajos de un edificio de la calle Aribau de Barcelona que quebrantó varias veces el precinto del local, que había sido clausurado por las molestias a los vecinos que generaba el alto volumen de la música y los ruidos.
Según la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, Roger S. inauguró el bar 'Voilà' en diciembre de 2005, pese a no tener la licencia municipal y sin hacer obras para insonorizarlo, siendo consciente de que las molestias "podían producir consecuencias gravemente peligrosas par la salud de los vecinos".
El consistorio barcelonés empezó a recibir denuncias de los vecinos cuando el bar inició su actividad en 2005, logrando que el Roger S. retirara el equipo de música de forma "puramente temporal", porque reinició el negocio nocturno, que abría los jueves, viernes, sábados y vigilias de festivos hasta la madrugada.
Todas las inspecciones realizadas en domicilios del mismo edificio han concluido que la discoteca superaba el límite de decibelios permitido por la ley de Contaminación Acústica de la Generalitat de Catalunya, que fija en 28 los decibelios máximos, si bien el ruido del bar llegó a los 40.
En uno de estos controles en una habitación del edificio, los técnicos municipales comprobaron "que era muy difícil el correcto descanso, al ser perceptible el alto volumen de la música, las conversaciones y ruidos generados por los clientes y los aparatos del aire acondicionado del bar", dice la querella.
ULTIMÁTUM
Tras años de advertencias, en 2010 el Ayuntamiento le dio un ultimátum al propietario y le pidió que cesara la actividad "de forma inmediata y provisional", avisándole de que si incumplía la orden se cerraría el local, como así sucedió.
Una vez precintado en 2011, Roger S. no vio inconveniente en ignorar la clausura y "retirar la medida por su cuenta", una insumisión que realizó hasta tres veces de forma intencionada, según el escrito.
La querella llega después de que un representante de la comunidad de vecinos del inmueble, situado en la calle Aribau número 207, denunciara el caso a la Fiscalía Provincial de Barcelona, por lo que Roger S. se enfrenta a un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto con una pena de dos a cinco años de cárcel.
Como agravante de la pena, el fiscal ha añadido "la desobediencia de las ordenes expresas", ya que el propietario continuó su actividad pese a los requerimientos del Ayuntamiento, y también la obstaculización de la actividad inspectora, porque se negaba a firmar las actas de inspección del local.
Además, el Ministerio Fiscal ha propuesto como medida cautelar la clausura provisional del bar durante la fase de instrucción y hasta la finalización del procedimiento judicial "con la finalidad de salvaguardar el derecho a la salud de los perjudicados".
