Rechazada la demanda del PEN Català contra su expresidenta por presuntas irregularidades

La escritora Carme Arenas

- EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sant Feliu de Guíxols (Girona) ha desestimado la demanda presentada por la asociación PEN Català contra la que fue su presidenta entre 2010 y 2018, la escritora Carme Arenas por presuntas "irregularidades" económicas, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press y que condena en costas a los demandantes.

La asociación presentó la demanda contra la que fue su presidenta, para quien solicitaba una condena al pago de 481.089,92 euros por, presuntamente, disponer de fondos de la entidad en beneficio propio y otros 25.275,66 euros por presuntamente utilizar justificación documental a nombre de su marido, además de los intereses legales y las costas, afirmaciones que la justicia rechaza.

"En todo este largo y doloroso proceso de 6 años ha prevalecido azuzar las manifestaciones y reacciones humanas que menos nos honran, envidia, voluntad de ofender y de difamar, manipulación, rencores, mentiras... para poner a los socios en mi contra", ha criticado Arenas en una comparecencia ante los medios este miércoles.

La escritora ha asegurado que sus declaraciones hacen honor a todas las personas que han trabajado para ella "a las que se ha querido intoxicar, amenazar o absorber hacia la causa única".

DEMANDA

En la demanda, que la entidad ejerció en 2019 por daños y perjuicios, alegaba que en 2018, durante la revisión de las cuentas de 2017, se había hallado una partida de 40.000 euros bajo el epígrafe 'otros programas' "para la cual inicialmente no se encontró ninguna justificación documental" y que correspondía a una serie de cheques al portador a nombre de la presidenta, que justificó como derechos pasivos por haber dejado su trabajo en la Conselleria de Educación.

En las cuentas de 2016 se localizó otra partida de la misma cantidad que Arenas dijo que no se había destinado "solo a ella, sino para un programa, un hecho que la directora del mismo negó, por lo que, revisada la contabilidad de los ejercicios anteriores, se dedujo que había "una especie de apropiación de fondos sociales por parte de Carmen Arenas".

La demanda recoge que, entre 2009 y 2017, en total, Arenas recibió 113 disposiciones por un valor total de 227.524 euros, que representan una media de 2.184,23 euros al mes y que, entre 2009 y 2015 recibió 82 facturas por un importe de 228.290,26 euros; entre 2017 y 2018, cobró 5 facturas por valor de 16.500 euros y que, en total, hizo uso de 472.314 euros, a lo que suman 8.775,66 euros por viajes de su marido.

SALARIO Y COMPLEMENTOS

Sin embargo, el juez considera que "hay pruebas documentales, como facturas, que acreditan que, efectivamente, se remunera una actividad o tarea realizada" por parte del marido de la que fue presidenta de la entidad y que Arenas hizo uso de los más de 227.000 euros de la entidad en concepto de "salario o retribución fija, que la demandada percibió durante el primer período que actuó como presidenta" y que el segundo correspondía a complementos.

Además, sostiene que la parte demandante argumentó que Arenas eludió los controles sociales alejando al tesorero y consiguiendo que los cheques se pagasen solo con su firma y que entregó la contabilidad a un amigo suyo, pero que la entidad "no ha conseguido probar ninguna de estas cuestiones", mientras que sí aportó documentación que permiten sustentar que la Asociación conocía la percepción mensual que recibía su presidenta.

"No ha quedado acreditada la existencia de una estructura contable para eludir del conocimiento social los cobros que percibía la demandada. Por tanto, ni queda probado que las percepciones por tareas que cobró la demandada durante el tiempo de presidencia fuesen ajenas a la Asociación (al menos a sus órganos directivos) y que, por tanto, fuesen contrarios a la ley o a los estatutos", añade el juez, por lo que desestima íntegramente la demanda del PEN Català contra Arenas.

RECURSO

El PEN ha expresado en un comunicado este miércoles que "discrepa del sentido de la resolución" y que la actual junta ha acordado por unanimidad presentar un recurso de apelación ante la Audiencia de Girona para apoyar y dar continuidad a las acciones legales emprendidas en su día por la anterior presidencia y junta de la entidad.

Además, defiende que del contenido de la sentencia, que no es firme indican, "se desprenden aspectos que dan la razón a lo que defendía el PEN Català y que, por tanto, hace falta seguir defendiéndolos".