Ortega (CGAE) y Gay (Icab) también intervendrán al inicio del encuentro sobre este mecanismo ante casos de insolvencia
BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentarán este miércoles en Barcelona el I Congreso de Segunda Oportunidad, que inaugurarán la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, y la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Maria Eugnia Gay.
El Icab, que acogerá el congreso este miércoles y el jueves, lo ha reivindicado como el primero que aborda este mecanismo dirigido a personas en situación de endeudamiento o insolvencia a nivel europeo, ya que también abordará como otros países de la UE han aplicado estos procedimientos.
Durante el congreso habrá debates en paralelo, algunos centrados en aspectos jurídicos y otros en la vertiente socioeconómica, además de talleres prácticos dedicados a casos como el acuerdo extrajudicial de pagos y el concurso consecutivo.
El Icab busca que este congreso sirva para debatir y abordar posibles mejoras en los mecanismos actuales de segunda oportunidad, y durante la primera jornada se presentará el primer informe del Observatorio de la Insolvencia Personal, basado en datos de 293 expedientes judiciales tramitados en Catalunya.
SEGUNDA OPORTUNIDAD EN LA UE
La Ley de segunda oportunidad se aprobó en 2015 y actualmente es necesario contar con un abogado para encarar el procedimiento en un juzgado, mientras que el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley para transponer a la legislación estatal una directiva europea sobre la materia, que pretende homogeneizar los criterios para este mecanismo en todos países de la UE.
El redactado actual de este anteproyecto de ley prevé que las personas afectadas puedan acogerse a la segunda oportunidad sin necesidad de que les represente un abogado, algo que no ha ocurrido en algunos países que ya han incorporado la directiva europea a su legislación, como Italia.
Sin embargo, el Icab defiende que es necesaria la intervención de la abogacía en estos procedimientos para asegurar que se tramiten correctamente.
