El Síndic de Greuges lleva al Consejo de Europa el rechazo del Tribunal de Cuentas a los avales

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha elevado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Comisaria Europea de Derechos Humanos la decisión del Tribunal de Cuentas de rechazar los avales presentados por la Generalitat a través del Institut Catal de Finances (ICF) a las fianzas que pide el tribunal a excargos del Govern por la acción exterior durante el proceso independentista.

Lo ha elevado a estas instituciones para que "intervengan en favor de los derechos y de la defensa del Estado de derecho", ya que considera que la decisión representa un posible atentado de derechos, según un comunicado del Síndic de este viernes.

Ha señalado que la resolución de junio de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la situación de dirigentes independentistas pide "asegurar que las previsiones legales de malversación de fondos públicos se apliquen de manera que las responsabilidades sean solo exigibles cuando se pueden establecer pérdidas reales cuantificadas" en presupuestos o activos del Estado.

El Síndic manifiesta su "sorpresa de que un órgano administrativo no respete una norma con rango de ley plenamente vigente, como es un decreto ley ya convalidado por el Parlament", y recuerda el dictamen del Consell de Garanties Estatutries en favor de la constitucionalidad del fondo creado para presentar el aval.

DEFENSOR DEL PUEBLO

También actuará ante el Defensor del Pueblo para que "intervenga a raíz de la grave lesión de derechos y de la indefensión que esta decisión representa", y ha asegurado que el aval mediante el ICF cumple los requisitos establecidos por la ley procesal civil.

Ha recordado que su informe sobre los indultos a los dirigentes independentistas que estuvieron presos sostiene que las sanciones del Tribunal de Cuentas "implican condenar a la ruina a las personas investigadas, antes incluso de una sentencia y pese a que muchas de las personas ahora perseguidas ya han sido juzgadas al máximo nivel jurisdiccional por malversación".

Así, "y en sintonía con las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa", el Síndic defiende que el Tribunal de Cuentas debería interrumpir la tramitación de estos expedientes.